Mediante reunión ordinaria del 16 de mayo del 2017, la facultad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla presentó y aprobó de forma unánime solicitar al Estado que la UPR sea incluida en el pleito de Título III de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) como acreedor del gobierno y del Banco Gubernamental de Fomento.
Así lo certificó la doctora Evelyn González García, decana interina de Asuntos Académicos del campus.
Además, de acuerdo con el comunicado de la unidad aguadillana, se aprobó solicitar al Estado que se reconozca la educación superior de la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial para la sociedad puertorriqueña.
Según la certificación, dichas solicitudes serán remitidas al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al Senado, la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal. También, a la Presidencia del primer centro docente del país, la Junta Universitaria, Senados Académicos y Tribunal Federal.
El que Puerto Rico se haya acogido al Título III significa que, la JCF representará al gobierno puertorriqueño en los tribunales federales en un proceso sui generis de negociación y reestructuración de deuda, donde la jueza federal Laura Taylor Swain tendrá en sus manos el manejo de la quiebra municipal más grande en la historia estadounidense.
Como reseño Diálogo, existe la posibilidad de que sectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) –profesores, empleados y estudiantes– formen parte de un comité que les permita participar en el proceso de quiebra del gobierno instado bajo el Título III de Promesa, y así, abogar por la vitalidad de la institución, argumentando que los recortes contemplados en el plan fiscal y el presupuesto afectarían el rol del primer centro docente en impulsar el desarrollo económico y ofrecer servicios al país.
La estrategia, no obstante, sería una entre mediano y largo plazo, que públicamente apenas se discute y que depende del aval tanto de la jueza federal Laura Taylor Swain como del Síndico de Estados Unidos, una figura adscrita al Departamento de Justicia federal para atender los casos de quiebra.
“Lo primero que tendría que haber es una comparecencia para que se pueda llamar la atención a la corte de que hace falta un comité que represente estos intereses [de la UPR]. Pero está en la discreción de la corte aceptar eso, y quien nombraría el grupo sería el Síndico de Estados Unidos”, explicó el abogado Rolando Emmanuelli, estudioso de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por su acrónimo).
El licenciado aclaró que no es del todo necesario que la UPR esté directamente en un proceso de Título III para que la comunidad universitaria pueda intervenir. Aunque la universidad estatal no está bajo dicho título, sí es una de las entidades del gobierno –que sí está en quiebra– cubiertas por Promesa y bajo jurisdicción de la Junta de Control Fiscal (JCF).
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