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El Capitolio de Estados Unidos, uno de los sitios donde se decide el futuro de los puertorriqueños. (Flickr)
Esto es un limbo con matices de purgatorio.
En lo que fue el más reciente golpe a la autonomía del Gobierno de Puerto Rico, el Tribunal Supremo federal falló en la mañana de ayer lunes en contra de la Ley 71 de 2014, apodada afanosamente como la “Ley de quiebra criolla”, enviando a Puerto Rico a la completa desnudez económica, en cuanto a proteger sus dependencias se refiere.
La decisión ratifica la determinación por parte del Tribunal Federal de Distrito en febrero del año pasado, cuando el juez Francisco Besosa declaró inconstitucional la Ley 71, que lleva de nombre “Ley para el cumplimiento con las deudas y para la recuperación de las corporaciones públicas”.
Así las cosas, el Supremo federal ha determinado, en votación 5-2, que el gobierno del archipiélago puertorriqueño no puede recurrir a esta ley para otorgarle la quiebra a sus empresas públicas y evitar así el pago de parte de su deuda. Las jueces disidentes fueron las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, de raíces puertorriqueñas. Ambas aludieron a que, por la legislación local no ser una “opción paralela”, no debería ser prohibida por el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
“Y con esto, Puerto Rico se queda en un limbo económico, especialmente ante la aprobación también la semana pasada de la junta de control fiscal en la Cámara de Representantes federal”, le dijo a Diálogo el catedrático del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras, Argeo Quiñones.
En un conciso análisis a través del teléfono, Quiñones dijo que esta decisión, a la par con la aprobación de la junta, establece “una asimetría” política y económica dentro de la relación estadounidense con Puerto Rico.
“En 1984 se saca a Puerto Rico del capítulo 9 de la quiebra federal, pero a la misma vez, hoy bloquean el intento de Puerto Rico de asumir su propia quiebra, que más que en el gobierno el Estado Libre Asociado, era para sus componentes: las municipalidades y las corporaciones públicas. A lo mejor pudieron haber dictaminado que con los municipios y las corporaciones públicas sí aplicaba la ‘quiebra criolla’ pero no lo hicieron”, indicó el profesor.
Quiñones le agregó a este elemento de “asimetría” el que la Cámara de Representantes de Estados Unidos avalara el proyecto HR 5278 PROMESA, que “abarca a Puerto Rico como territorio, cuando las juntas de control fiscal siempre han sido instituidas en ciudades, nunca en un estado”.
“Aquí vemos una falta de correspondencia, de simetría. Las juntas de control fiscal siempre se han establecido para gobiernos de estados, no para una municipalidad. Puerto Rico es un territorio, pero con cualidades de un estado. Tiene su himno, tiene su gobierno propio, tiene una constitución. No es una municipalidad. Pero entonces, le imponen una junta y encima el Supremo federal le quita cualquier autonomía de gobierno. Puerto Rico ahora mismo está en un limbo total”, apuntó.
La estudiosa de este tema, Debora Kobes, cuya tesis doctoral para MIT en 2009 correspondió al análisis de las juntas de control fiscal en ciudades de Estados Unidos, abordó este tema en una entrevista con Diálogo en abril de este año.
Viacrucis mediático. La crisis fiscal de Puerto Rico es la comidilla del día en los medios estadounidenses desde hace ya varios años. Aquí es desmenuzada en CNN en un panel de 2015.
Ineptitud del gobierno local y “saqueo y pillaje”
Quiñones reseñó que, más allá de la “quiebra criolla”, Puerto Rico pudo haber tomado medidas para evitar esto en un momento tan cercano como en 2012.
“El gobierno de Puerto Rico ha tratado de resolver esto ahora pero el problema grave es que lo hacen con tácticas de último momento, mediante iniciativas legales e implantación de leyes, cuando era algo con la que el gobierno debió lidiar de otras formas hace tiempo. El Departamento de Hacienda, por ejemplo, pudo hacer ajustes este mismo cuatrienio, desde 2013. Aquí no ha habido un intento genuino de resolver el problema. Van a Washington y piden una moratoria, que se restructure la deuda y que se den herramientas para el crecimiento y el desarrollo de Puerto Rico, pero por otro lado tanto los del PPD como los del PNP han cabildeado para la junta”, expresó Quiñones.
“Entonces, por otro lado, ¿por qué Hacienda aún tiene cuatro mil millones en deuda contributiva?”, resaltó.
El ajuste, dijo Quiñones, tenía que venir mediante la revisión de leyes de contribución para ver cuáles son efectivas y eliminar las que no lo fuesen, como por ejemplo los créditos contributivos.
“Hay millones en créditos para los municipios. En 2012 además, el gobierno cubrió la deuda de los hoteles de lujos aquí, ahí se fueron $400 millones del Fondo para el Desarrollo del Turismo del Banco Gubernamental de Fomento”, recordó.
Además, puntualizó, como se ejemplificó a mediados de abril de 2014 cuando salió a relucir que habían 21 mil empresas que no pagan contribuciones, un problema craso que ha enfrentado Borinquen son “los precios de transferencia de multinacionales como Walmart y Walgreens. Declaran pérdidas en Puerto Rico, cuando uno sabe que el negocio más grande de ellos es aquí. Hasta subsidio laborales le han dado”.
“Este cuatrienio, el gobierno de Puerto Rico ha presentado tremenda disonancia cognitiva. Dicen que no quieren la junta, pero no hicieron nada para evitarla”, dijo. Al contrario, se abalanzaron a políticas igualmente neoliberales, expuso Quiñones, “como la implantación de la Ley 66”, el descalabre “de los fondos de retiro de los empleados públicos y los maestros mediante la Ley #3 de 2013” y “la venta del aeropuerto Luis Muñoz Marín”. El legado bipartidista del PPD y el PNP, dijo Argeo, “ha sido uno histórico de saqueo y pillaje”.
Para colmo, esta polémica económica que enfrenta a Wall Street y sus bonistas con el gobierno puertorriqueño sucede en medio de un año de elecciones que con cada día que pasa se pone más caliente en Estados Unidos.
“¿O tú no crees que Obama quiere dejarle eso cuadrado a Hillary antes de irse?”, dijo Quiñones.
“El Supremo está tratando de evitar conflictos con el Congreso porque es año electoral. Ahora mismo, le toca a Obama y al Congreso llenar la vacante del juez Scalia, que falleció. Por otro lado, tienes al Congreso con una ley muy conservadora, que es PROMESA. Y Obama ha sido muy criticado por usar mucho sus poderes del Ejecutivo, por lo que busca trabajar junto al Congreso y PROMESA es una gran oportunidad para eso, especialmente con Hillary recibiendo mucho respaldo económico de las firmas de Wall Street”, articuló.
Además, el catedrático resaltó que “tanto el Congreso como Obama se han empeñado en decir que la junta es la única opción”. Mientras, el Tribunal Supremo federal también ha desplegado su artillería contra Puerto Rico, tanto con esta decisión como la de la semana pasada en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle.
Sí, por más grotesco que suene, el limbo político en el que está Puerto Rico ahora mismo es un balón político en la contienda electoral estadounidense.
Un limbo “que sabe a infierno”
“En efecto, es un limbo que sabe a infierno”, dijo sin querer rimar el analista mediático y otrora profesor de política, José R. Rivera.
“En el limbo, si eres un niño no bautizado, estás en contemplación para ir al cielo, pero te quedas sin sentir nada. En nuestro caso estamos sufriendo las condenas del infierno del colonialismo”, agregó.
Rivera señalo que esta nueva decisión del Supremo federal es un tapaboca para estadolibristas como el gobernador Alejandro García Padilla o el candidato del PPD a la comisaría residente, Héctor Ferrer, “quienes la semana pasada decían que la decisión del caso de Sánchez Valle aplicaba solamente a la cláusula de ‘doble exposición’”.
“Aquí descubrimos que no hay soberanía, ni siquiera para legislar sobre nuestros asuntos propios. Si entendemos que la soberanía es el ejercicio de la autoridad suprema de un estado en el territorio de su jurisdicción, con esta decisión el tribunal supremo nos acaba de hacer saber que no la tenemos, si es que ya no lo sabíamos antes”, explicó, aludiendo a esto como otro escollo que el Supremo federal ayuda a saltar “en ruta a la junta de control fiscal”.
Rivera concordó con que la situación económica y política de Puerto Rico es una herramienta política de año electoral para los estadounidenses, en particular si se trata del Partido Demócrata.
“De parte de Obama, esto ha sido como un presente de despedida en el que le deja la cosa cuadrada a Hillary Clinton. Se nota como si buscase un tono conciliador incluso con el Congreso”, manifestó. A la vez, entiende Rivera, Obama parece enfocar su discurso hacia Puerto Rico como uno “en el que enfatiza que se está haciendo lo correcto”.
Él y Clinton, indicó Rivera, “saben que tanto aquí como en la diáspora hay una parte sustancial, aunque en descenso, que respalda la Junta pues entienden que los políticos puertorriqueños no tienen la voluntad” para atender esta crisis. Acentuó que estas pasadas decisiones y la del Congreso de implantar la Junta son “un atentado a la democracia” y que lo que hacen todas las partes el gobierno federal sucede “con un mínimo de retroalimentación de nosotros, el pueblo puertorriqueño”.
“Lamentablemente, contamos con una clase política responsable de revertir la democracia que teníamos, si es que existió”, subrayó.
Obama habló de Puerto Rico en su mensaje del pasado sábado.
Rivera dijo que luego de noviembre, Obama ya no tendría ningún compromiso con nadie, por lo que le sería menos complicado atender la crisis de Puerto Rico. Sin embargo, “no creo que Obama nos pueda pasar la manita, pues el daño infligido por todas las partes ahora mismo es enorme”.
“Aún en las condiciones más favorables, que sería que se encuentre que la mitad de la deuda de $72 mil millones, que serían 36 millones, es ilegal” – apuntó, aludiendo a los fondos buitres que se vendieron la década pasada cuando se sabía que estos se desplomarían en el mercado y que no eran pagables – “sería muy difícil que Obama se atreva a hacer algo. Básicamente, lo que dijo el pasado sábado por televisión fue: ‘Ahí les dejo eso. Breguen ustedes’”.
Un premio de consolación, dijo Rivera, “sería la liberación de Oscar López Rivera”.
“Suena brusco, pero no me sorprendería un indulto”, arguyó. “Digo esto, pues no encuentro mucho ánimo en él de hacer más por la situación política y económica de Puerto Rico”, puntualizó.
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SOBRE EL AUTOR
Hermes Ayala
Periodista. Reportero con 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y cursa estudios de maestría en Gestión y Administración Cultural. Posee un diplomado en periodismo deportivo internacional del Instituto de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones por el Overseas Press Club y la Asppro.
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