México es el país más letal para el periodismo en América Latina. Durante 2015, sumó la tercera parte de los asesinatos de periodistas en la región, y cuatro periodistas más se añadieron a la lista sangrienta en lo que va de 2016.
El último, Francisco Pacheco Beltrán fue asesinado a balazos afuera de su casa, en el sureño estado de Guerrero, el lunes 25. Pacheco Beltrán era un periodista crítico, que trabajaba para varios medios locales en el estado más pobre del país y uno de los más violentos.
Su asesinato hila un capítulo más a la historia de terror de la prensa mexicana en este siglo, y cuyo rostro más oscuro no es solo el de 92 periodistas asesinados, sino un fenómeno casi único en democracias: 23 periodistas han sido desaparecidos en 12 años, un promedio de dos por año.
Y cada 22 horas, un periodista es agredido en México, según el último informe de la organización internacional Artículo 19, dedicada a promover y defender la libertad de expresión.
“La violencia contra la prensa en México es sistemática y generalizada”, aseguró su exdirector en el país, Darío Ramírez, en el marco del pasado Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en Crímenes contra Periodistas, que se realiza cada 2 de noviembre.
Pero la violencia y la impunidad en las agresiones no son los únicos problemas del periodismo en México y el resto de la región.
Ricardo González, coordinador del programa global de protección de Artículo 19, con sede en Londres, explicó a IPS que la libertad de prensa en América Latina tiene tres retos principales: la protección preventiva y el combate a la impunidad, la desconcentración de la propiedad de medios y mejorar las condiciones laborales de los periodistas.
“Para nosotros los focos rojos son México, Honduras y Brasil”, dijo González.
Datos de la Federación de Periodistas Latinoamericanos indican que en la región fueron asesinados 43 periodistas durante 2015, de ellos 14 en México, a los que se suman dos desaparecidos. Le siguen en el luctuoso ranking Honduras (10), Brasil (8), Colombia (5) y Guatemala (3).
Un ingrediente preocupante de Brasil es el alto incremento de las víctimas mortales en el ejercicio del periodismo. La Federación Nacional de Periodistas destaca que la cifra se incrementó en 60 por ciento, entre 2014 y 2015. El caso más emblemático fue el del periodista de investigación Evany José Metzker, hallado decapitado en mayo de 2015.
Honduras y México, por su parte, tienen problemas muy parecidos: a la violencia contra periodistas se añade la impunidad en las investigaciones.
“En el primer semestre de 2015, la CIDH ha registrado un número preocupante de asesinatos de comunicadores y trabajadores de medios, cuyos motivos no están esclarecidos”, dice el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Honduras.
Más que muertes
A la violencia, el país centroamericano suma el reciente cierre de uno de los periódicos más tradicionales y que resaltó por su defensa de la democracia durante el golpe de Estado de 2009: Diario Tiempo.
Paradójicamente, el cierre del diario está ligado a la caída de una de las familias más poderosas del país: la de Jaime Rosenthal, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de legitimación de capitales procedentes del tráfico de drogas.
El bloqueo de cuentas de las empresas del Grupo Continental, derivados de esa acusación, llevó al cierre del periódico, anunciado en octubre, por lo que se acusó de “medidas desproporcionadas” adoptadas por el gobierno local contra el combativo medio.
En una carta pública, Rosenthal afirmó que “las circunstancias que obligan esta suspensión son de la mayor gravedad en lo que importa a la libertad de expresión, al desarrollo de la comunicación social y a la democracia en nuestro país, al grado de constituir un caso atípico en el mundo occidental”.
Otro tiempo, en Argentina, representa un ejemplo de la cara anversa de la moneda en la región. El lunes 25, los periodistas de un diario bonaerense, cerrado a finales de 2015, relanzaron esa cabecera que tendrá una edición impresa semanal.
Bajo el lema de “dueños de nuestras propias palabras”, los redactores de Tiempo Argentino recuperaron su espacio laboral, bajo un esquema de cooperativa, similar al que usaron los trabajadores fabriles durante la crisis surgida en 2001.
“Es muy lindo ver que entre más organización hay, se supera la competencia de las empresas”, dijo a IPS desde Buenos Aires, Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex en los países del Cono Sur americano.
Pero allí no faltan los problemas o abundan estas respuestas positivas, aclaró González. Uno de esos problemas es la derogación mediante decreto por el presidente Mauricio Macri de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2015, y que limitaba la concentración de medios.
El 18 de este mes, Macri, en el poder desde diciembre, ofreció a la CIDH que hará una nueva ley de medios con participación previa de la sociedad civil. Pero los periodistas argentinos son escépticos.
“Además de más de 300 medios que ostenta el Grupo Clarín y de los que evita desprenderse, en las sombras edifica otro monopolio. Asociado con La Nación planean quedarse con toda la cadena de las revistas gráficas”, denunció la revista Orsai.
Pero los problemas para la CIDH y su relatoría especial para la libertad de expresión, no solo son provocados por los gobiernos conservadores.
En Ecuador, por citar un solo ejemplo desde la orilla de la izquierda, el presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, usó toda la fuerza del Estado para demandar penalmente a los directivos del diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez y para el entonces editor de opinión, Emilio Palacio.
El mandatario pidió 80 millones de dólares y tres años de cárcel por supuestas injurias por un artículo que afirmaba que Correa había ordenado “fuego a discreción” contra un hospital lleno de civiles durante la rebelión policial de septiembre de 2010.
Derivado de ello, en diciembre 2015, la CIDH, admitió la petición por la cual se alega responsabilidad internacional de la república de Ecuador, por la presunta violación de garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y pedido de protección judicial.
De la coerción no escapa el humor. Una caricatura política sobre la incursión de policías en el domicilio de un opositor indignó en 2014 a Correa, que inició una campaña con todos los resortes del poder contra el autor, Xavier Bonilla, que firma como Bonil, al que calificó de “sicario de tinta y enfermo”.
“Los ecuatorianos debemos rechazar las mentiras y a los mentirosos, sobre todo si esos mentirosos son cobardes disfrazados de jocosos caricaturistas. Odiadores del gobierno disfrazados de jocosos caricaturistas”, fue una de las andanadas del mandatario contra uno de los caricaturistas latinoamericanos más reconocidos.
Son algunos de los claroscuros con los que los periodistas de la región reciben el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo.
Aunque los escenarios no son los más óptimos para el periodismo latinoamericano, hay muestras de resistencia que parecen encender en diferentes países.
Incluso en Veracruz, el estado mexicano que ha saltado a la prensa mundial por el escandaloso número de periodistas asesinatos y agredidos.
El 28 de abril, cuando se cumplen cuatro años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, los periodistas del Colectivo Voz Alterna, que han dado una enorme batalla por la información en un ambiente de terror, colocarán una placa en su honor en la Plaza Central de la capital estado.
“No podemos olvidar, ni quedarnos sin hacer nada”, dijo a IPS la reportera veracruzana Norma Trujillo. Mantras parecidos repiten periodistas que ejercen su oficio en situación de riesgo en diferentes países de la región.
