Como dijimos en la primera parte de este reportaje, las luchas ambientales de los ecologistas puertorriqueños deben enmarcarse en tiempo y espacio, cosa de poder entenderlas con respecto al resto de Latinoamérica.
Nuestro análisis, como ya han visto, parte de la visita a Puerto Rico de Berta Zúñiga Cáceres, la hija de una de las más ávidas activistas latinoamericanas, Berta Cáceres, asesinada en marzo por oponerse a un desarrollo hidroeléctrico en el Río Gualcarque de Honduras, que no solo ponía en peligro al medioambiente, sino al pueblo indígena Lenca al que ella representa. Intentamos usar la perspectiva de tiempo y espacio para poner en contexto la lucha presente y futura del activismo ecológico puertorriqueño.
Zúñiga Cáceres visitó hace unos días este espacio caribeño, Puerto Rico. Para ser más específico con respecto a este reportaje, su espacio es la playa en Isla Verde donde ubica el campamento de la Coalición de Playas pal’ Pueblo. ¿Su tiempo? Su tiempo es uno en el que el gobierno de los Estados Unidos le ha quitado el enchufe al anémico concepto del Estado Libre Asociado y ha instalado la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), que legaliza el arrebato de poderes de gobernanza a los funcionarios electos de Puerto Rico y da dominio pleno de la administración del archipiélago y sus recursos a una junta de control fiscal en la que el pueblo puertorriqueño no tendrá injerencia alguna.
“Para nosotros ha sido de gran aprendizaje la experiencia en Puerto Rico, primero porque las luchas de acá no son muy visibles para el resto de América Latina y porque parte de la función de solidaridad y articulación es hacernos eco de las luchas que hay en esta tierra, de ir hermanando luchas parecidas, con objetivos comunes a las nuestras”, explicó Zúñiga Cáceres.
“Creo que tienen una situación muy complicada, según lo que nos cuentan los compañeros. Por nuestra misma experiencia, sabemos que en esta era, el modelo económico va en contra de bienes comunes de la naturaleza que son convertidos en mercancía”, expresó.
De hecho, según PROMESA, la junta de control fiscal tiene ya la potestad de vender terrenos protegidos que sean propiedad del gobierno de Puerto Rico, con la excusa de que el dinero obtenido sea usado para el pago de la deuda pública. Ejemplos de espacios protegidos bajo esta premisa que ahora están en jaque gracias a PROMESA son el Corredor Ecológico del Noreste, cuya titularidad está bajo la compañía de Fomento Industrial y Administración de Terrenos, y la Laguna Tortuguero en Vega Baja, cuya titularidad está bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Si en algún momento se decide darle paso a un proyecto controvertible de energía, la junta puede abrir un proceso expedito en las agencias para que este proyecto sea considerado, en especial para lo que tenga que ver con las evaluaciones del medioambiente y con la permisología del mismo. PROMESA también le da a la junta el poder para derogar cualquier legislación ambiental que entienda va en contra del desarrollo económico de Puerto Rico.
PROMESA también crea una posición a la que han llamado “coordinador de revitalización”. Esta persona se encargará de evaluar si un proyecto de infraestructura o de energía es un “proyecto crítico”, según sea peticionado por una agencia o un cabildero privado, para posterior a esto someter a la junta un informe al respecto. Este “coordinador de revitalización” deberá estar en contacto con las agencias federales, las cuales están ordenadas a darle cualquier respaldo económico que necesiten los llamados “proyectos críticos”.
Zúñiga Cáceres entiende que “a pesar de todos los logros” de las luchas ambientales en Puerto Rico, el pueblo debe saber “que aquí también vienen con todo, que van a venir con la minería, que van a venir a querer privatizar los bosques, a vender el oxígeno, a seguir implementando una serie de proyectos que van en contra de la vida, no solo de la humanidad sino de todo el planeta”. Con la junta y PROMESA, la hija de Berta Cáceres ve la puerta abierta para que se desarrollen “las dos tendencias fundamentales de la opresión ecológica y social en Honduras”.
Con la junta y PROMESA, la hija de Berta Cáceres ve la puerta abierta para “las dos características fundamentales de la opresión ecológica y social en Honduras”. (Ricardo Alcaraz – Diálogo)
“Primero, no se respetan las voces de los pueblos de decidir sobre su territorio. La otra característica es la instalación por la fuerza de sus medidas. Eso implica muchas cosas, implica la criminalización, la judicialización, la agresión hacia nuestros cuerpos que son los que están en medio del conflicto, pero también el asesinato de múltiples personas para intentar asesinar nuestra lucha. Eso es lo que ha pasado con Berta Cáceres. Por eso, ella es un emblema de lucha y de resistencia, es un emblema para pedir justicia por los pueblos”, dijo emocionada, en alusión a su madre, asesinada meses después de haber ganado el año pasado del Premio 2015 de la Fundación Ecológica Goldman, reconocido como el galardón Nobel de la ecología.
Sin duda, Borinquen es salpicado por los peligros de la cultura de extracción de recursos ante PROMESA, comenzando con el hecho de que el proyecto viene de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Decenas de organizaciones y gremios ya han levantado la voz sobre lo que significaría la implantaciones de austeras medidas y el desarrollo de tierras protegidas, de alto valor ecológico o agrícola, en pro del desenvolvimiento energético.
“Escondida dentro de esa legislación hay otra provisión que posiblemente sea más perniciosa para Puerto Rico y el futuro de su gente dada la limitación de sus recursos naturales. Me refiero a la Sección 405 de PROMESA, que entregaría miles de acres de terrenos protegidos para el desarrollo privado. Inclusive el Secretario del Interior ha condenado esta provisión”, señaló el juez del Tribunal Apelativo Federal, Juan Torruella Del Valle, una de las voces puertorriqueñas en los medios que más fuerte ha sonado en contra de PROMESA.
Rivera Herrera sabe que en Puerto Rico nunca se han visto escenarios como el asesinato de Berta Cáceres en las luchas ambientalistas, “aunque sí sabemos que aquí ha habido numerosos atentados contra la vida e integridad física de personas en la militancia independentista”. (Archivo)
Difícil olvidar también episodios de resistencia del pasado cuatrienio, como la lucha masiva contra el Gasoducto del Norte y los arrestos por desobediencia civil en el área de los molinos de Santa Isabel. De hecho, algunos de los estatutos sobre energía que aparecen en PROMESA parecen sacados de legislación aprobada bajo aquella administración del republicano Luis Fortuño. Es harto conocido que mediante una orden ejecutiva en 2010, Fortuño declaró un estado de emergencia energética en Puerto Rico, indicando que la abundante infraestructura de la AEE y otras dependencias necesitaba modernizarse.
De esta forma, y aludiendo además a la Ley 76 del año 2000 – último año de los dos cuatrienios de Pedro Rosselló – Fortuño buscaba darle procesos por el carril expreso a distintos proyectos con matices de energía renovable, como el controvertible Gasoducto del Norte, mal llamado Vía Verde, y el incinerador de Arecibo, que hasta el sol de hoy empuja con fuerza la empresa Energy Answers. Según un artículo de El Nuevo Día de agosto de este año, “más de 60 proyectos de energía renovable fueron endosados, pero al día de hoy menos de 10 están en operación”.
Para el ambientalista Luis Jorge Rivera Herrera, la llegada de la junta de control fiscal gracias a PROMESA y las distintas puertas que esta ley abre para el desarrollo energético deja el terreno fértil para que la resistencia incremente, pues “es difícil precisar con exactitud qué proyectos los miembros de la junta de control fiscal va a empujar”, más si eventualmente se confirma al ex asesor energético del ex presidente George W. Bush y zar republicano del gas natural, Bill Cooper, como el director ejecutivo del nuevo cuerpo supervisor del archipiélago y su pueblo.
“Ahora mismo diría que es difícil precisar con exactitud qué proyectos pudieran presentar los miembros de la junta o cuáles este posible coordinador va a empujar”, dijo Rivera Herrera, ganador del Premio Goldman este año, en conversación telefónica con este diario.
“Sí, resulta bastante evidente que hay unos proyectos en la mira de esa entidad y me refiero, por ejemplo, a la planta de incineración de Energy Answers en Arecibo”, debido, entiende Rivera Herrera, a que si bien “la ley PROMESA busca proveer un mecanismo legal que asegure el cobro de las emisiones de bonos que han hecho diferentes administraciones gubernamentales en Puerto Rico”, también tiene “unas secciones dirigidas específicamente a desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica”.
La militancia ecológica en contra del Gasoducto del Norte llegó hasta Washington DC de mano de organizaciones como Casa Pueblo:
“Y cuando uno ve la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, se entiende que hay mucha capacidad instalada de lo que exige la demanda energética en Puerto Rico. La crisis como tal no es de producción energética” sino de mantenimiento, en un sistema que “se desarrolló durante la época de la sección 936 en Puerto Rico, enfocado a suplir necesidades de fábricas de manufacturas que han ido cerrando”, sin contar el éxodo poblacional del país en los años recientes y las empresas que se han movido hacia placas solares o tecnología sostenible más eficiente.
“En la forma que está expresado en el texto de PROMESA, parece como si nos fuéramos a quedar sin electricidad de un mes para otro”, dijo Rivera Herrera. La mera mención de un nombramiento como el de Cooper, quien hace tres años dirigió un estudio sobre gas natural en Puerto Rico como presidente del Centro para Gas Natural Licuado de Estados Unidos, “levanta sospechas”. Y aunque, “el mero hecho de que haya gas no significa que sea viable su explotación”, el propio lenguaje de la ley le da a entender al laureado ambientalista puertorriqueño que existe “la intención gubernamental de convertir las plantas termoeléctricas para que funcionen con gas natural, por lo que eso significaría en términos de ganancias económicas para aquellas empresas que suplen combustible”.
De suceder la explotación del gas natural en Puerto Rico, Rivera Herrera dijo que es muy posible que se recrudezca la resistencia ambientalista, las manifestaciones y la desobediencia civil en Puerto Rico, porque “el propio gobierno no les ha dejado otra salida a los ciudadanos”. Mencionó cómo, en los casos de expropiación para el Gasoducto del Norte el pasado cuatrienio, el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico votó a favor de los desarrolladores y el gobierno de Fortuño, aun cuando en los tribunales Superior y Apelativo los expropiados salían airosos.
“Las circunstancias están muy fértiles para que cada vez hayan más ciudadanos obligados a tomar acciones de activismo para proteger su vida, su familia y su comunidad. Y esto no es una opinión, es un hecho, debido a la forma en que el sistema judicial le ha cerrado las puertas a la ciudadanía para todo efecto práctico en ese foro”, indicó Rivera Herrera.
“Desde el año 2009, con el caso del Gasoducto del Norte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico establece jurisprudencia de que para que un ciudadano o grupo comunitario pueda llevar cualquier reclamo ante un tribunal, tiene que probar un daño inminente y directo. Prácticamente, los casos que se han radicado desde entonces hasta el presente, en su mayoría han sido ganados por sus méritos en el Tribunal Superior o Apelativo, pero el Supremo los desestima bajo el alegato de que las personas que litigan no tienen legitimidad activa o standing para probar daños”, agregó.
“Las circunstancias están muy fértiles para que cada vez hayan más ciudadanos obligados a tomar acciones de activismo para proteger su vida, su familia y su comunidad”. (Archivo)
“El ejemplo más crudo de todos para mí fue cuando no le reconocieron el standing para impugnar los endosos gubernamentales del proyecto, en especial la consulta de ubicación, a los que expropiaban de sus residencias para construir el Gasoducto del Norte durante el cuatrienio pasado. Decían que no habían sufrido ningún daño, aun cuando no hay cosa peor que te saquen con tu familia de tu casa. ¡¿Qué pretendían los tribunales, que los ciudadanos estuviesen en la calle para decir que habían sufrido daños?!”, exclamó.
Y ahora con la incertidumbre de los caprichos de PROMESA y su junta de control fiscal, que es más poderosa incluso que el Tribunal Supremo del ya cadáver Estado Libre Asociado, a Rivera Herrera se le hace difícil analizar el panorama. Sabe que en Puerto Rico nunca se han visto escenarios como el asesinato de Berta Cáceres en las luchas ambientalistas, “aunque sí sabemos que aquí ha habido numerosos atentados contra la vida e integridad física de personas en la militancia independentista”.
“En Puerto Rico ha habido presiones indirectas y formas de incidir con personas que han trabajado a favor del medioambiente, pero más allá de manifestaciones o eventos de confrontación o desobediencia, como ocurrió recientemente por las cenizas de Peñuelas, pues no hemos vistos ataques directos. En muchas partes de Latinoamérica se juegan la vida a diario, es muy crudo”, expresó.
Rivera Herrera, cuya lucha por el Corredor Ecológico del Noreste fue vital para la ley de protección que ahora mismo existe para esta reserva, “quisiera ser optimista” y pensar que situaciones como las vividas en Honduras nunca pasaran acá. Pero esto es como lanzar una moneda al aire.
“Se lleva un buen paso en esa dirección, sobre todo con este ingrediente de incertidumbre que trae PROMESA”, finalizó.
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