Casi medio siglo después de la puesta en práctica de la última reforma a la ley universitaria, las transformaciones, tanto al interior de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como en la sociedad puertorriqueña, hacen inexpugnable la reforma de sus normas institucionales y de convivencia. Con esto no quiero decir que hay que cambiarlo todo. Estoy convencido de que algunos de los principios que guiaron las reformas anteriores en el 1954 y 1967 siguen vigentes. No obstante, la persecución de objetivos de siempre, como el tema de la autonomía universitaria, necesitan nuevas herramientas que les permita desatar los grilletes que le ha impuesto medio siglo de politiquería y de colonialismo intelectual, salpicados por un populismo antiacadémico. Por consiguiente, sin pretender elaborar en este espacio un manifiesto que solo puede ser legítimo si es concebido por el consenso de toda la comunidad universitaria, apuntaré a tres criterios, que en mi opinión, deben servir de norte a cualquier proyecto de reforma de la UPR.
1- La posibilidad de recuperar una universidad que sea, como decía Jaime Benítez, la institución más representativa de las aspiraciones y la cultura del pueblo de Puerto Rico, requiere su total despolitización. Después de casi 60 años durante los cuales la UPR generó las ideas y el conocimiento que hicieron posible la modernización de nuestro país, los intereses político-partidistas, representados en las Juntas de Síndicos, han sido los protagonistas de su deterioro y su impertinencia para con los intereses y necesidades de la Isla. Cualquier reforma universitaria que no sea cosmética tiene que comenzar por desarmar la Junta de Gobierno y sustituir por una Junta Consultora. La Junta Consultora se debe limitar, como ocurre en las mejores universidades del mundo, a asesorar al gobierno universitario en cuestiones procesales administrativas y el financiamiento de su gestión académica. Así comienza la implantación de una verdadera autonomía universitaria, que se termina de poner en práctica con la garantía constitucional de su salud fiscal.
2- El manejo de la vida cotidiana de los asuntos académicos y administrativos de la universidad rebasan por mucho las capacidades de la estructura centralizada y piramidal actual. La universidad del futuro requiere la integración de todos los sectores de la comunidad universitaria a un sistema administrativo dinámico, ágil, democrático y descentralizado, donde imperen los criterios académicos. Esto requiere la abolición del sistema de compraventas de influencias entre profesores/as, estudiantes, no docentes, decanos/as y rectores/as. La solución del entuerto burocrático y populista actual comienza con la consideración de la institucionalización de un proceso de democracia participativa que incluya la distribución de los presupuestos y una representación proporcional en los procesos decisionales entre los diversos sectores. El resultado debe plasmarse en departamentos y escuelas realmente autónomas, en Senados Académicos con poder legislativo y presencia de los sectores actualmente ausentes, con Juntas Administrativas con mayor representación estudiantil y con Rectores/es y Decanos/as electos por su comunidad. En este esquema, la presidencia de la UPR se reduce significativamente y limita a funciones de coordinación académica y administrativa en ánimo de garantizar la autonomía de los recintos.
3- Ni la despolitización ni democratización de la administración universitaria, ni mucho menos su autonomía, serán posibles si la nueva ley no contempla un compromiso serio, explícito y transparente con la ética y la moral social que corresponde al primer centro docente del país. Tenemos que realizar una reforma curricular y de nuestro paradigma investigativo para que respondan a las necesidades de nuestro país. A la Universidad también le aplica el postulado de más ética, más desarrollo. Esto también supone que toda persona (docente, no docente, de servicio o estudiante) que ostente un puesto administrativo tiene que rendir cuentas a la comunidad que lo/a eligió y al país… y que todos sus procederes deben ser transparentes y públicos… y que todos y todas estén sujetos/as a un mecanismo de residenciamiento.
El proyecto de reforma que resulte de la adopción de los tres criterios expuestos debe, además, estar atado a un proceso de evaluación constante, que permita la enmienda y el desarrollo constante de la ley para afrontar nuevos retos. De más está decir, que el parámetro fundamental de la ley de la UPR reformada será su justificación académica y su pertinencia para con Puerto Rico.
El autor es catedrático y científico político adscrito al Programa Doctoral en Administración y Análisis de Políticas Socialesde la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico.
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