A pesar de haber comunicado su renuncia “efectiva hoy”, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, debe presentarse esta tarde ante el Tribunal de Primera Instancia, donde se espera comunique un plan concreto, avalado por la Junta de Gobierno UPR, para lograr la reapertura del Recinto de Río Piedras de la UPR.
En vista celebrada ayer, Fernández enumeró los esfuerzos que ha realizado para abrir los portones del campus y así cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, la jueza Lauracelis Roques admitió que las gestiones delineadas por Fernández no fueron convincentes y que el mandamus presentado el domingo contra la Policía tampoco es un esfuerzo suficiente. Roques reiteró que si Fernández incumple con la orden del foro apelativo, se expone a que se le imponga un desacato y enfrente una pena máxima de seis meses de reclusión.
La vista se da en medio de la renuncia de la funcionaria y la baja de tres miembros de la Junta de Gobierno.
Sigue aquí las incidencias de la vista.
Desde marzo en los tribunales
El torbellino legal que enfrenta la UPR se remonta al 31 de marzo, cuando un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho, demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar. Luego que el Tribunal de Primera Instancia decidiera no ver el caso, el 5 de mayo el Tribunal Apelativo revocó el “no ha lugar” y ordenó la reapertura del recinto riopedrense en o antes del jueves 11 de mayo.
El campus está paralizado desde el 27 de marzo y en huelga indefinida desde el 6 de abril, cuando varias unidades votaron en la Asamblea Nacional de Estudiantes a favor de ese mecanismo de lucha en protesta al recorte de $450 millones planteado por la Junta de Control Fiscal al presupuesto de la UPR. Estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera elevan esa cifra a $512 millones.
