En una votación de 6-3 el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la moción de reconsideración sometida por miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) que buscaba restituir una moratoria que detenía el proceso de otorgación de permisos de construcción en la reserva natural.
Los togados que disintieron fueron la jueza asociada Fiol Matta, el juez presidente Federico Hernández Denton y la jueza asociada Rodríguez Rodríguez.
En la resolución emitida, éstos establecieron que en julio de este año cuando el grupo presentó la moción de reconsideración "no solo reiteró las razones para su petición original, sino que además enfatizó en que la nueva ley, número 126-2012 de la Gran Reserva Natural del Corredor Ecologico del Noreste, reconoce que el Corredor se encuentra amenazado por los proyectos de construcción propuestos que fueron descritos en la petición de auxilio que había concedido el Tribunal de Apelaciones".
Los jueces fueron enfáticos al expresar que cuando el Tribunal finalmente atiende la petición de los ciudadanos "una mayoría ignora toda esa prueba, avalando así un daño ambiental irreversible".
"La solicitud de IDS [Iniciativa para un Desarrollo Sustentable] para justificar la paralización de la concesión de permisos en la reserva natural está claramente fundamentada y no concederla, dicho con todo respeto, opera contra toda lógica. ¿Cómo se va a permitir que se otorguen permisos, se remueva la corteza terrestre, se destruyan hábitats y especies, y se construyan mega proyectos cuando está en controversia si se permite el desarrollo en esos terrenos? Si finalmente se decide que esos terrenos están destinados a conservación, poco efecto tendrá esa decisión porque ya no se podrá remediar el daño", añadieron.
De otro lado, el juez asociado Rafaél Martínez Torres, no compartió la opinión de sus compañeros y señaló que el caso todavía está piendiete para que el Tribunal de Apelaciones atienda sus méritos.
"No es este Tribunal quien puede atender en esta etapa los señalamientos que se hacen. En segundo lugar, la realidad actual es que el corredor ecológico no está creado por la orden ejecutiva de 2007 ni por la de 2009 que se cuestiona en este pleito. Fue creado oficialmente por la Ley Núm. 126-2012. No está ante nosotros ninguna alegación o reclamo al amparo de esa nueva ley por lo que no tenemos que resolver si los proyectos que se nos señalan la violan o no. Mucho menos tenemos que resolver cual es la política pública que debe prevalecer al respecto", sostuvo Martínez Torres.
Para el planificador Luis Jorge Herrera Rivera, es inconcebible que la mayoría de los jueces hayan denegado restituir la moratoria, cuando hoy es más que evidente que el Corredor se encuentra amenazado por actividades que incluso violan la Ley de la Gran Reserva Natural del CEN, la cual establece como política pública su preservación, conservación y restauración.
"Pero peor aún, envían un mensaje muy peligroso a la ciudadanía de que es irrelevante acudir a los tribunales en busca de justicia, por lo que confiamos reconsideren su determinación aceptando nuestra segunda y última moción de reconsideración,” dijo el científico ambiental de IDS.
El miembro de la Coalición explicó que la zona ha comenzado a ser impactada al ser utilizada como cantera para la extracción de material de relleno. Además, indicó que la Compañía de Turismo ha otorgado un permiso de construcción para la creación de un proyecto hotelero.
La moratoria en permisos de construcción en el CEN fue emitida originalmente por el Tribunal Apelativo en diciembre de 2011.
Actualmente, el plan anunciado bajo el nombre de la Gran Reserva del Noreste, permite el uso de sobre 450 cuerdas protegidas previamente en el CEN como reserva natural.
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