En estos días de abril y mayo, hace exactamente siete años, comenzaba a cuajarse la última gran movilización estudiantil a nivel sistémico en la Universidad de Puerto Rico (UPR): la huelga de 2010-11. En aquel entonces, los reclamos del estudiantado del principal centro docente de Borinquen también eran claros: mejorar y defender la oferta académica institucional, evitar aumentos en los costos de matrícula, así como establecer una distancia clara entre el activo social más importante del país y el intervencionismo gubernamental.
De aquellos aires de lucha nacieron fuertes ráfagas de resistencia ante la imposición de una cuota de $800, aprobada y consentida por los organismos de gobernanza universitaria.
Momento ocurrido durante los choques entre la uniformada y los estudiantes en el 2011. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
De más está decir que el final de ese capítulo universitario no pareció quedar definido hasta junio de 2011, cuando a raíz de incontables choques y represiones policiacas contra el estudiantado, así como contra profesores, familiares, empleados, jubilados y ciudadanos solidarios, la administración universitaria manifestó el compromiso de no eliminar exenciones, de no privatizar la universidad y de no aumentar los costos de matrícula. Asimismo, aprovecharon para poner en marcha la fijación de un plazo de expiración a la cuota de $800, implantada en enero del 2011.
Pero bueno, a siete años del aparente punto final que dio por “terminada” aquella histórica huelga del 2010-11 parecería que la universidad pública se enfrenta a tres puntos suspensivos, a la continuación de aquellas presiones, de aquellas batallas.
Y es que las circunstancias que envuelve el tétrico panorama fiscal del Gobierno de Puerto Rico —declarado en quiebra esta semana y que desde finales del 2016 está sometido al yugo de una Junta de Control Fiscal (JCF)— ha desembocado en el alargue del historial del movimiento estudiantil de la UPR y en la suma de otra larga batalla en pro de la defensa de la educación pública.
Mañana, sábado 6 de mayo, se cumple un mes de huelga indefinida a nivel sistémico UPR, aprobada un día como hoy en la Asamblea Nacional (AN) celebrada el 5 de abril en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, la cual unió a varias instituciones académico-superiores del archipiélago borincano y, además, sirvió de escenario para encaminarlas hacia un mismo fin: defender la educación ante la política pública que atenta contra su estabilidad.
La Asamblea Nacional fue convocada por la Confederación Estudiantil Nacional, organismo que reúne el liderato estudiantil de todas las instituciones académico-superiores del Estado. (Twitter)
De aquel encuentro universitario, donde más allá de las unidades UPR también participaron la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, así como el Conservatorio de Música, ocho de las once instituciones UPR aprobaron voto de huelga. Todas, menos el Recinto Universitario de Mayagüez, (RUM), la UPR Aguadilla y el Recinto de Ciencias Médicas, dieron paso al cierre de los portones de forma inmediata.
En el caso del RUM —que no logró quórum en la AN— acordó sumarse a la huelga el 6 de abril en asamblea extraordinaria. Mientras, UPR Carolina acordó en la AN cerrar sus portones a partir del 12 de abril para poder completar parte de su calendario académico.
No obstante, UPR Aguadilla ha sido la única unidad que no ha formado parte de los procesos huelgarios durante este mes. Al igual que el Conservatorio de Música, no fueron parte del voto de huelga indefinida, aunque durante el desarrollo huelgario han celebrado varias paralizaciones como muestra de solidaridad.
A pocos días de concretada la unión sistémica de los diversos lideratos estudiantiles —que conforman la Confederación Estudiantil Nacional—, múltiples sectores de la comunidad universitaria se sumaron al reclamo estudiantil. Dichos posicionamientos se alinearon contra los recortes multimillonarios a la partida del fondo general propuestos por la JCF y cuyas cifras han ascendido de $300 a $512 millones, luego de que este mes fuera divulgado que, como parte de las proyecciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), los recortes continuarían en ascenso hasta el 2025.
De acuerdo a la comunidad universitaria, esta medida fiscal dejaría inoperante a la universidad del Estado.
Marcha multisectorial de la UPR de Humacao, desde los portones hasta la Plaza de Recreo del pueblo el 25 de abril de 2017. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
Ante la incertidumbre fiscal e institucional que ha acaparado los distintos escenarios universitarios desde el día uno, la Asociación Puertorriqueña de Profesores (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) manifestaron su repudio a las medidas de la actual presidenta interina, Nivia Fernández, y decidieron cerrar filas con el movimiento estudiantil en sus asambleas extraordinarias, celebradas el 6 y 11 de abril respectivamente. Incluso, la comunidad universitaria ya reclama la renuncia de Fernández desde hace unas semanas.
En esa línea, el futuro de la UPR como la conocemos hoy está sobre la mesa y en tela de juicio, dado que al presente es una posibilidad la eliminación o la consolidación de recintos para “atender” la crisis nacional.
En síntesis, durante este mes de huelga han sido varios los intentos por lograr un diálogo entre la comunidad universitaria y la administración central. Sin embargo, los acercamientos no han rendido frutos bilaterales.
Aunque al día de hoy ni los estudiantes ni el resto de la comunidad universitaria han tenido la oportunidad de reunirse con representantes o miembros de la JCF formalmente, el 3 de abril, días antes de aprobado el voto de huelga indefinida, Fernández se reunió con el presidente del organismo fiscalizador, José Carrión III. En dicha reunión, la presidenta y Carrión III discutieron las medidas recomendadas para la UPR y su posible implantación.
Entretanto, en medio de los reclamos de la comunidad universitaria, el 17 de abril la presidenta interina tuvo otra oportunidad de reunirse con la cúpula política del patio. En esta ocasión Fernández tuvo el privilegio —que no ha tenido la comunidad universitaria— de ser recibida en La Fortaleza por el gobernador Ricardo Rosselló, para discutir los retos fiscales que representaría un recorte de $450 millones a la formula UPR para el año 2021.
Sin embargo, la agenda administrativa no ha logrado mejorar el panorama de la principal institución educativa de Puerto Rico. La distancia existente entre la comunidad universitaria y el aparato administrativo no ha logrado definir una estrategia enriquecedora en los procesos de negociación. Algunos rectores (UPR Humacao, RUM, UPR Cayey, UPR Carolina y UPR Río Piedras) han intentado —desde sus respectivas trincheras académicas— promover públicamente la ‘Política de No Confrontación’ en el marco de sus instituciones y la débil comunicación entre el estudiantado y el Jardín Botánico.
Incertidumbre de cara al futuro
Por otra parte, a un mes de huelga hay ejemplos de inestabilidad en los movimientos estudiantiles. Las unidades de Utuado y Carolina decidieron levantar sus respectivos votos de huelga durante la celebración de cuestionadas asambleas extraordinarias.
En el caso de UPR Utuado, el movimiento estudiantil, reunido en un pleno el 24 de abril, decidió no reconocer ningún resultado de la asamblea extraordinaria celebrada el 26 del mismo mes, “por ser ilegal y contraria al mandato mayoritario de los estudiantes”.
Asimismo, el movimiento declaró un boicot a la asamblea e invitó a todos los estudiantes del campus a no participar de la misma. Igualmente, en el comunicado circulado por el movimiento se destacó que el Consejo General de Estudiantes de UPR Utuado no estaba debidamente constituido, ni tenía un reglamento interno vigente, “porque la administración ha obstaculizado el proceso de su formación, haciendo que el grupo de concejales elegidos hasta el momento no sean representativos de los estudiantes del recinto, ni tengan legitimidad legal como consejo estudiantil”.
Hasta el momento la mayoría de los estudiantes a favorecido el cierre de los portones. (Archivo)
Aun así, la asamblea extraordinaria se celebró y acordó levantar voto de huelga con votación final de 180 estudiantes a favor, 3 en contra y 2 abstenidos. Sin embargo, los portones han permanecido cerrados, pues la mayoría del estudiantado no reconoció los procesos.
Por tanto, el caso de Utuado también llegó a los tribunales. Como reseñó este medio, la administración de la institución presentó un entredicho provisional y un injunction preliminar contra tres líderes estudiantiles del movimiento con el fin de que estos cesaran y desistieran de continuar la paralización del campus. Ante esto, el tribunal de Primera Instancia de Utuado declaró ‘No ha lugar’ el pedido de la administración.
Por su parte, UPR Carolina también ha estado bajo la lupa durante este mes de huelga, dado a la división estudiantil con relación a la paralización indefinida. La unidad carolinense levantó el voto de huelga el 25 de abril en procesos que levantaron discusión. Esto, ya que la decisión final se tomó con 291 votos en contra de la paralización, 21 abstenidos y 12 votos a favor, para un total de 324 votos. Es decir, nueve menos de la cantidad de estudiantes que se necesitan para constatar el quórum institucional (333), levantado antes de la votación.
Actualmente, en Carolina los portones permanecen cerrados, toda vez que el rector, Moisés Orengo, decretó un receso académico y administrativo indefinido para evitar mayores choques entre el estudiantado.
Fuera del dilema de Carolina y Utuado, el RUM reafirmó su posición a favor de la huelga el 25 de abril en asamblea extraordinaria. Además, antes y durante la celebración del 1 de mayo su movimiento estudiantil fue parte fundamental de las movilizaciones ciudadanas en el oeste a través de un sinnúmero de actividades educativas.
En la región oriental, los Búhos de la UPR Humacao han logrado trascender el espacio universitario, al punto que el 25 de abril lograron reunir representación de toda la comunidad universitaria y un día después ofrecieron un concierto gratuito para todos aquellos interesados. En el caso de Humacao, el alcalde Marcelo Trujillo también ha manifestado su respaldo a la institución. Y por si fuera poco, ayer los Búhos lograron un acercamiento con el presidente de la JCF, José Carrión III, para organizar una reunión oficial entre el organismo federal y el movimiento estudiantil.
Aunque el Recinto de Ciencias Médicas no aprobó voto de huelga, sí han sido pieza clave durante los procesos de este mes, ya que llevaron a cabo una paralización de 72 horas, del 10 al 12 de abril, y se han mantenido contribuyendo tanto mediáticamente como en manifestaciones y piquetes.
Hoy UPR Cayey decide el futuro de su paralización en asamblea extraordinaria.
En ese sentido, el próximo turno al bate le toca al Recinto de Río Piedras, cuando este próximo 10 de mayo den paso a la asamblea extraordinaria que defina el futuro de la movilización. El encuentro está pautado para celebrarse en el Coliseo Roberto Clemente desde tempranas horas de la mañana del miércoles.
Una mirada estudiantil desde la Junta de Gobierno
Según el representante estudiantil subgraduado ante la Junta de Gobierno, Pedro Rodríguez Mercado, a un mes de la huelga indefinida 2017 es momento de analizar la situación actual de la lucha y repensar el movimiento estudiantil de cara al futuro y tomando en cuenta el contexto neurálgico que enfrenta la UPR.
“Creo que es momento de que los estudiantes pensemos cuál será el próximo paso ante los recortes. Las asambleas que vienen van a ser determinantes, porque se decidirá si continuamos con los portones cerrados, si no hacemos nada o cualquier otra cosa. Pero hay que pensar detenidamente el panorama que tenemos de frente ahora, porque los recortes están ahí”, sostuvo Rodríguez Mercado en entrevista con Diálogo.
Para el líder estudiantil, es de suma importancia reflexionar el rol de los estudiantes en una posible reorganización del Sistema UPR, pues a pesar de que el plan fiscal presentado por la presidenta en la reunión de la Junta de Gobierno el pasado 27 abril fue rechazado, no hay razón alguna para perder de perspectiva la situación histórica que encara la UPR.
El representante estudiantil también aprovechó para destacar que las acciones violentas “no representan el sentir de la mayoría del estudiantado”. Rodríguez Mercado no se identificó con la irrupción estudiantil en la reunión de la Junta de Gobierno el 27 de abril ni con los arrestos del 1 de mayo.
Apoyo internacional a la causa UPR
Finalmente, la causa UPR no está anclada a los límites nacionales. Tanto la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, como la Red Nacional en Defensa de la Educación Pública Superior (RENADEPS), la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), el Senado Académico de la Universidad de Massachusetts (UMass), así como el Senado Académico y el Senado de Estudiantes Graduados de la Universidad de Connecticut (UConn), se han solidarizado con la lucha estudiantil nacional.
Como ya lo dijo Diálogo, para el próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio, la UPR dejará de recibir $149 millones de fondos estatales. No obstante, la administración universitaria identificó ahorros operacionales ascendentes a $91.5 millones y nuevos ingresos que suman $57.5 millones para contrarrestar el golpe económico.
En resumidas cuentas, las arcas universitarias dejarán de recibir sumas en fondos estatales que aumentarán gradualmente con el pasar de los años. Para el próximo año fiscal, por ejemplo, el presupuesto tendrá un recorte de $149 millones.
Queda, entonces, la espera. Y de cara al futuro, la incertidumbre.
