La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acogió a principios de esta semana modificaciones a su Sistema de Retiro para pagar la deuda de la institución y evitar los resultados negativos de otras agencias de gobierno, según comunicó ese organismo a la comunidad universitaria.
Diana Rivera Viera, presidenta de la Junta de Retiro de la UPR, explicó que es “un conjunto de medidas” para comenzar a pagar la deuda, de manera que la comunidad universitaria no se afecte mucho. Además, espera que las decisiones tomadas ayuden a evitar la “estampida” de retiros que ocurrió con el magisterio y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y confía que dichas acciones impidan un cierre.
Según la Certificación 140 de la Junta de Gobierno, que entra en vigor el 1 de julio de este año, se aumentará la edad de retiro de 55 a 58 años de edad a todo empleado que tenga menos de 25 años de servicio acreditados en la UPR. Además, a ese mismo grupo de empleados se les aumenta en 1% la aportación mensual que realizan al fondo del retiro. Para aquellos que comiencen a trabajar en la UPR cuando entren en vigor estas medidas, la aportación individual será el 12% del sueldo mensual.
“Sí, tiene un impacto”, respondió Rivera Viera cuando se le preguntó si esta medida afecta significativamente a los empleados que aportan al retiro. No obstante, indicó que se están tomando medidas educadas, porque de la forma en que fue propuesta la resolución por la Junta de Retiro y acogida por la Junta de Gobierno, se evitan retiros en masa.
En la Certificación 146 se proyecta un plan que establece que la deuda actuarial –la cual según Rivera Viera es del doble de las inversiones– “será amortizada bajo un método de financiamiento cerrado, a un término de 40 años”. Esto, pese a la recomendación de la Junta de Retiro de que fuera a 30 años, como lo recomendaba el estudio de experiencia dirigido por la firma de actuarios Cavanaugh MacDonald Consulting, LLC.
Aunque mayores años significa pagos menores a la deuda para que no agobien tanto el sistema, se hace más difícil hacer una proyección del estado de la deuda y lo hace más vulnerable a ser influenciada por las aportaciones de los empleados, el pago de la universidad y las inversiones, entre otros factores.
El estudio recomendó que los cambios se hagan a pequeña escala, pues de lo contrario, podrían causar que un cuarto de los empleados se retiren antes del tiempo dispuesto. Esta posibilidad drenaría el sistema y crearía una solución contraproducente. Ante tal posibilidad, la Junta de Retiro discutió las medidas con los diferentes sectores antes de llegar a una decisión y evitar la posibilidad. Según Rivera Viera, “la reacción de la comunidad fue muy positiva”.
La presidenta de la Junta de Retiro añadió que esta fue la primera vez que se realizó un estudio de experiencia, que demuestra tendencias en el sistema. La Junta de Retiro recomendó, además, que este estudio se realice cada tres a cinco años para asegurarse que las medidas funcionen y el sistema cobre fortaleza. Estos estudios también determinarían si se harán más cambios en un futuro.
“Lo que estamos protegiendo es un plan de beneficios definidos. Cuando tú te jubilas, tú sabes qué cantidad de dinero vas a recibir, de acuerdo a la certificación, por el resto de tu vida”, aclaró Rivera Viera, diferenciándolo del plan de contribución definida que el gobierno estatal impuso a los maestros y empleados de la AEE.
En el plan de contribución definida, los empleados obtienen solo lo que contribuyeron a su retiro, pero cuando se deja de proveerlo, se acaba la pensión. La presidenta de la Junta de Retiro entiende que el plan de beneficios se debe defender “a toda costa”.
