Es un hecho que uno de los factores de la criminalidad en Puerto Rico es el problema de las drogas. Profesionales de la salud entienden que la criminalización de las drogas ha probado no ser la más efectiva y que a los fines de atajar la incidencia criminal es necesario atender los trastornos de sustancias desde una perspectiva de salud pública y no únicamente desde una perspectiva de justicia criminal.
La diferencia radica en que la salud pública se enfoca en la población y su misión incluye optimizar el estado de salud física, mental y social de quienes conviven en sociedad, a diferencia del enfoque de justicia criminal, que atiende al individuo y no el problema colectivo. Sin embargo, Puerto Rico no cuenta con suficientes servicios de tratamientos para personas con adicción a sustancias controladas.
Conscientes de la problemática de adicción a drogas, su impacto en la criminalidad y las limitaciones de política pública existentes, investigadores de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en conjunto con otras entidades públicas y privadas llevan a cabo investigaciones dirigidas a entender los ángulos del problema de trastorno de sustancias en la Isla, tratamientos efectivos y el acceso a estos, entre otros.
La doctora Carmen Albizu García, investigadora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico y Co Directora de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas en Puerto Rico, lleva años trabajando e investigando sobre las limitaciones del tratamiento para personas con trastorno de sustancias en la Isla.
Albizu opina que ninguna conducta compleja tiene una sola causa pero sí está claro que uno de los factores de la criminalidad en Puerto Rico tiene que ver con la adicción a drogas, el tratamiento limitado, y el hecho de que no haya una política pública que atienda este problema desde una perspectiva de salud pública.
El programa de metadona en la Isla cuenta sólo con 8,000 participantes, sin embargo, Albizu explica que en Puerto Rico hace falta tratamiento para más de 35,000 personas.
“Si el estado invirtiera en tratamiento se ahorraría $4 por cada dólar invertido. Si añades todos los costos sociales, pueden ser hasta $7, contrario a lo que podrías ahorrar con redadas y más policías que es menos de $0.52 por cada dólar. Hablamos de 15 veces más rendimiento cuando inviertes en tratamiento, que cuando inviertes en intervenciones policíacas”, explica Albizu.
Entre 1996 y 2002 en Estados Unidos, país con la tasa más alta de confinados en el mundo, 46 estados adoptaron alrededor de 150 medidas para atender el problema de las drogas sustentando estas en principios de salud pública. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles reveló un ahorro a los contribuyentes, de $2.50 por cada dólar invertido en tratamiento, luego de adoptar la política pública de tratar medicamente, en lugar de enviar a prisión, a los usuarios de drogas que no habían cometido actos violentos. En un año, el ahorro del gobierno ascendió a más de $173 millones.
Esta información se desprende del artículo “Reconsiderando la política de las drogas: alternativas para Puerto Rico desde un modelo de salud pública” de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, en el que participó la doctora Albizu junto a otros expertos y en el cual se exponen además las formas correctas de trabajar el problema de drogas desde una política de salud pública ya que, según Albizu, la forma en que se ha estado manejando violenta todos los principios de la salud pública.
En Puerto Rico se han llevado a cabo varios estudios y proyectos pilotos con la comunidad penitenciaria para demostrar la efectividad del tratamiento con metadona o buprenorfina y desarrollar un modelo que pueda ser expandido a toda la Isla.
La cantidad de metadona permitida por las reglamentaciones federales y estatales es limitada, debido a que esta droga cuenta con un bajo margen de seguridad. En vista de la limitación para satisfacer la demanda de la metadona, provocada por las restricciones reglamentarias, los investigadores recomendaron el uso de buprenorfina, un medicamento para tratar el trastorno de sustancias aprobado desde el 2003 en Estados Unidos y que, aunque es más costoso que la metadona, cuenta con menos restricciones que ésta debido a que posee un margen de seguridad mayor.
Uno de los proyectos pilotos llevado a cabo en el sistema penitenciario del País con el apoyo del National Institute for Drugs Abuse (NIDA), pretendía determinar cuán fácil es transferir a tratamiento a una persona una vez que sale de prisión. Esto, con el objetivo de que la persona no reingrese a la cárcel, “porque cada persona que regresa a la prisión le cuesta al estado $40,000 anuales. El tratamiento de buprenorfina en comunidad jamás cuesta esa cantidad”, sostiene Albizu.
Sin embargo, los investigadores se percataron de que el País no cuenta con suficientes personas adiestradas para suministrar este tratamiento y de que no había mucha receptividad de parte de los médicos para incorporarse a esta nueva modalidad de tratamiento con buprenorfina.
Conscientes del desconocimiento sobre los tratamientos para el trastorno de sustancias, se creó la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas en Puerto Rico, con la intención de atender las necesidades a nivel de política pública, mejorar los servicios y educar a la gente para satisfacer la demanda y expandir el acceso a tratamiento.
Gracias a los esfuerzos realizados para educar y crear conciencia, tanto a nivel gubernamental como ciudadano, de la importancia de tratamiento para el trastorno de sustancias, la percepción de esta enfermedad ha ido cambiando. En una encuesta de opinión llevada a cabo por la Alianza, los adultos reconocieron que el trastorno de sustancias es una enfermedad crónica que es tratable y preventiva.
Por otro lado, luego de la propuesta de un modelo de salud pública que la Alianza le sometió al Estado, el Secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, adoptó varias de las recomendaciones y optó por el modelo que actualmente establece que haya un médico certificado para el tratamiento con buprenorfina en cada pueblo. Por su parte, el gobernador Luis Fortuño hizo un pronunciamiento público respaldando el tratamiento con medicamento, se incorporó la buprenorfina en el programa Mi Salud y se aprobó una ley que establece que todas las aseguradoras de salud tienen que proveer como un beneficio de farmacia el tratamiento con buprenorfina.
Para Albizu, es indispensable que el gobierno, los expertos en salud y las personas comprendan la importancia de proporcionar tratamiento para la adicción a drogas. “Si tenemos más tratamiento accesible vamos a tener menos criminalidad, menos VIH, menos hepatitis, más gente contribuyendo al erario, menos familias desarticuladas, más fuerza hábil laboral y se reduce el gasto carcelario”, sostuvo. “En un país pobre, con pocos recursos es hasta inmoral que no se usen los recursos de la forma más eficiente y efectiva posible”, añadió.
Otras investigaciones
Los estudiantes del Programa de Maestría de Evaluación e Investigación Evaluativa de Sistemas de Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, también aportan información importante desde la academia. Sheila K. Rivera Quiñones, quien defenderá su tesis próximamente, realizó un estudio evaluativo sobre los factores asociados al nivel de conocimiento sobre tratamiento de mantenimiento con Metadona en la población correccional de Puerto Rica en el periodo de 2005-2006.
Por su parte, Katyana Santiago-Batista evaluó factores asociados con tomar acción para entrar a tratamiento entre confinados del sistema correccional de Puerto Rico, con alta ambivalencia y diagnóstico de abuso o dependencia de drogas.
Asimismo, el doctor Rafael González realiza un post-doctorado investigando la relación entre trastornos de sustancias, síntomas de déficit de atención e hiperactividad en el adulto en la población sentenciada en Puerto Rico.
