Imagine que en lugar de las 59 escuelas que cerraron ahora en agosto, sean 301 planteles menos. Imagine, también, un sistema de educación pública dividido en una junta y en un departamento, y administrado por muchos abogados, contables o empresarios y pocos maestros.
Suponga además que 199 de las 1,328 escuelas que abrieron sus portones el pasado lunes –es decir, el 15%– pasarían a manos de “entidades educativas certificadas”, que pueden ser públicas o sin fines de lucro, y que podrían establecer criterios de admisión y estándares de cumplimiento para maestros y estudiantes en escuelas que, poco antes, eran públicas.
Lo anterior sería una modesta predicción del panorama que resultaría si, en algún punto de lo que le resta en el poder al Partido Popular Democrático en la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, bajara a la consideración de la legislatura la Ley para la nueva educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la reforma al sistema educativo que impulsa el líder senatorial desde principios de enero.
Diálogo intentó entrevistar a Bhatia sobre el borrador de la ley, pero no estuvo disponible. Con quienes sí logramos conversar fue con distintos líderes magisteriales, quienes comentaron y analizaron el documento.
Este primer artículo expone tres de las medidas descritas en el borrador de la reforma, que incluyen dividir la jerarquía del sistema entre el Departamento de Educación y una Junta de Innovación Educativa; el establecimiento de una fórmula para determinar el límite de escuelas operantes y cerrar las restantes; y la creación de las Escuelas Líder, planteles administrados por entidades educativas públicas o sin fines de lucro con libertad para operar fiscal, administrativa y operacionalmente las escuelas que se les otorgue.
División jerárquica y límite de escuelas públicas
En resumen, el documento –de unas 137 páginas– deroga la Ley Orgánica para el Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley 149), que establece la estructura del sistema educativo público como lo conocemos hoy día.
En cambio, propone crear una Junta de Innovación Educativa (JIE) compuesta por siete miembros. Ese organismo, junto al Departamento de Educación (DE) –y su secretario– dirigiría el sistema de educación pública del País.
El DE estaría a cargo de elaborar la política pública educativa del Estado. La JIE, por su parte, sería una “entidad gubernamental autónoma” con completa autoridad para administrar las escuelas públicas, que entraría en función a los 30 días de aprobarse la ley.
Los siete integrantes de la JIE serían los presidentes de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Industriales, de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas, y de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, así como el secretario del DE y un líder sindical con al menos cinco años de experiencia. Todos estarán en la junta el mismo tiempo que permanezcan en los puestos directivos de sus asociaciones.
A primera vista, María Elena Lara, expresidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), señaló que una de las deficiencias del borrador es que se designa a profesionales no preparados en educación a dirigir un sistema educativo nacional, relegando la figura y funciones del secretario del DE.
“¿Verdad que no van a poner a un educador a dirigir a los industriales ni a los comerciantes? Allí se pone a gente de finanzas, que sepa de números, de negocios. Pues al único que le exigen preparación y experiencia es al líder sindical. A los demás no le exigen experiencia en educación, pero van a dirigir un sistema de educación pública en dos pedazos: las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas Líder”, expuso.
Lara agregó que “el secretario pasaría a ser una figura decorativa, que se dedicaría a redactar informes y propuestas. Imagínate, que lo que le van a dar es el 5% del presupuesto porque no es mucho lo que puede hacer. Y aunque es miembro de la JIE, no puede presidirla. Si quieres hacerlo una figura decorativa cuando hay unas funciones establecidas en la Constitución, pues primero enmienda la Constitución para después hacer los otros cambios”.
Además de la creación de una junta, el borrador también establece una fórmula para determinar el límite de escuelas públicas del sistema. Dicha fórmula consiste en dividir entre 400 la cantidad de estudiantes matriculados el año anterior. El resultado de esa división será el número de planteles que operarán.
Si hiciéramos el cálculo con los números actuales –mayo cerró con una matrícula de 410,950 estudiantes para el año escolar 2014-2015– el número de escuelas públicas para el año escolar que recién comienza sería 1,027.
Esto significa 301 unidades menos que las 1,328 escuelas que, según datos del DE, abrieron el lunes, luego que cerraran 59 planteles como parte de los cambios implementados por la Carta Circular 24-2014-2015 que emitió en marzo el secretario del DE, Rafael Román Meléndez.
El DE espera que este año escolar la matrícula de estudiantes ronde entre los 390,000 y los 400 mil.
Es dentro de ese panorama –el descenso en la matrícula de estudiantes y el cierre de escuelas– donde se inserta la propuesta de una reforma educativa. Y, como propone el documento, las escuelas públicas que no cierren se clasificarán en dos grupos.
Clasificación de las escuelas públicas
De acuerdo al borrador, las escuelas del sistema público caerían dentro de dos grupos: las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas Líder. La potestad de determinar cuál plantel escolar pertenece a un grupo u otro recaerá en la JIE.
“Las Escuelas Líder librarán a los estudiantes de la ineficiencia, burocratización y partidización del antiguo sistema de educación pública, innovarán la enseñanza en el salón de clases, democratizarán la educación pública en Puerto Rico, estimularán el aprendizaje y la eficiencia en la administración y operación de escuelas, y responsabilizarán a la comunidad en general sobre la educación de nuestros jóvenes”. – Borrador de la Ley para la nueva educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
En el caso en que se apruebe la reforma, se dispone que el 15% de las Escuelas de la Comunidad con mayor rezago en la Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) durante los últimos tres años –pruebas estandarizadas que este año escolar serán cambiadas por otra, la Medición Educativa para la Transformación Académica de Puerto Rico (META-PR)– pasarán automáticamente a ser Escuelas Líder, con la salvedad de que la JIE podrá decidir cuáles escuelas dentro de ese espectro serán transformadas y cuáles cerrarán o serán consolidadas.
Además, las escuelas especializadas (en deportes, bellas artes, música, ciencias o matemáticas) que no caigan en dicho 15% también pasarán a ser Escuelas Líder, al igual que en las Escuelas de la Comunidad donde el 70% de los padres o los maestros –o ambos, aunque en asambleas aparte– voten para transformarla en Escuela Líder.
“De entrada, un 15% (de las escuelas) se transforman en Escuelas Líder. ¿Por qué ese 15%? Porque por ese número es que los federales dan dinero. Según el No Child Left Behind Act, que es la ley federal que regula al DE, el sistema educativo del estado o territorio tiene que escoger el 15% de sus escuelas que necesiten más ayuda, y se dan fondos federales para ese 15%. Ese por ciento de escuelas se selecciona a través de los resultados de las PPAA”, explicó Lara.
“Pero aquí la inmensa mayoría de las escuelas no aprueba las PPAA, y esas que las aprueban honestamente te digo que hay truco, lo dicen los mismos maestros. Entonces habría que dar fondos en todas, pero los federales solo te dan fondos por una porción. Esta propuesta está hecha para seguir recibiendo fondos federales y justificarlo”, teorizó la líder sindical.
Eva Ayala, maestra y portavoz de Educamos. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
Mientras, para Eva Ayala, portavoz de Educamos, la clasificación de las escuelas “es un engendro de muy mal gusto. Bhatia las llama ‘Escuelas Líder’ como subestimando la capacidad de las otras escuelas. Serán administradas por compañías privadas que dicen que son sin fines de lucro, pero que son pagadas con fondos del Estado a través del presupuesto del DE, porque no dan sus servicios gratis”.
Por otro lado, el documento dispone que las Escuelas de la Comunidad serían administradas por un Principal Oficial Ejecutivo (POE) –nombrado a un término de seis años por la JIE– que tendría las prerrogativas y funciones que ejerce el secretario del DE sobre las escuelas públicas en la actualidad y que sería, simultáneamente, el secretario de la junta.
El POE deberá ser un abogado o contable, o tener una maestría o doctorado en economía, planificación, finanzas, administración de empresas o administración pública. Además, deberá tener experiencia profesional en administración o gerencia.
Al igual que con todos los miembros de la JIE –a excepción del secretario del DE y el líder magisterial– al POE no se le exige preparación alguna en educación. Y al igual que sucede con la junta, su nombramiento violaría disposiciones legales vigentes.
“El gabinete del gobernador está establecido constitucionalmente, y el secretario es uno de los miembros de ese gabinete, así que tú no puedes poner a otro oficial pagado con fondos públicos que venga de un ente externo (como la JIE) y no de la agencia pública, máxime cuando (el POE) va a tener todos los poderes del secretario”, apuntó Ayala.
En el caso de la administración de las Escuelas Líder, la administración es un tanto más compleja.
Las Escuelas Líder
El borrador dispone que la administración y operación de las Escuelas Líder recaería en una Entidad Educativa Certificada (EEC).
Una EEC puede ser una entidad educativa pública (ya sea un municipio o consorcio de municipios) o una entidad educativa sin fines de lucro (como una cooperativa de trabajadores o maestros, o una corporación especial). También puede ser una alianza entre dos o más entidades educativas públicas, dos o más entidades sin fines de lucro, o entre ambas.
Según Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), las EEC abren la ventana a propuestas de privatización.
“De primera fase es inaceptable. Se está proponiendo privatizar la escuela pública con la justificación de que se la va a dar a entidades sin fines de lucro. Nosotros entendemos que lo que debe proponer es que le dé la oportunidad a la escuela pública de reestructurarse por sí misma, por transformarse desde lo público”, indicó.
Lara, por su parte, expuso que “las Escuelas Líder son las que irían a ser administradas por entidades sin fines de lucro. El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) es una entidad sin fines de lucro, y es de las que más ingresos tiene en este País. De hecho, ha trascendido públicamente que SUAGM es una de las instituciones o entidades que le interesa administrar escuelas”.
Las entidades serían aprobadas por la JIE, que otorgaría un Acuerdo de Innovación Educativa (AIE) a las EEC por cinco años para que transformen una Escuela de la Comunidad en Escuela Líder y la administren. La entidad prestará una fianza a la junta como garantía para cumplir el acuerdo de administración de una o más escuelas.
A los dos años del acuerdo, la JIE evaluaría el desempeño de la Escuela Líder en manos de la EEC. En caso de que la evaluación sea positiva, la entidad podrá renovar su contrato al final de su término por otros cinco años. De lo contrario, la junta podrá removerle el acuerdo a los cuatro años.
En caso de que la reforma entrase en vigor, un 15% de las Escuelas de la Comunidad pasarían a ser Escuelas Líder. Este diagrama resume el proceso. (Emmanuel A. Estrada López / Diálogo)
Para la admisión a las Escuelas Líder, tendrán prioridad los estudiantes matriculados anterior a que el plantel pasara a ser administrado por una EEC, así como los hermanos de los estudiantes matriculados y los residentes adyacentes.
Si las solicitudes de admisión a una Escuela Líder sobrepasan el total de la matrícula que puede albergar la unidad, se usará un sistema de lotería para escoger los estudiantes que falten, una vez matriculados los estudiantes que cumplen con alguno de los tres requisitos de prioridad.
El documento detalla que el POE podrá colocar a una Escuela de la Comunidad en probatoria por un año cuando constate que “su gestión educativa es inefectiva conforme a lo dispuesto en esta ley”, “medien deficiencias administrativas o irregularidades fiscales que lo justifiquen”, o “la escuela incurra o permita a personas bajo su control incurrir en violaciones significativas de las leyes y los reglamentos que rigen el sistema de educación pública”.
Si al término del año de la probatoria la Escuela de la Comunidad vuelve a incumplir, el POE la referirá a la JIE para que asigne su administración a una entidad y así, el plantel sea “transformado” en una Escuela Líder.
“En esas entidades sin fines de lucro hay que ver si en realidad no hay lucro ahí. El esquema que siguen, la estructura, la forma en que se organizan, es de negocio privado, y no queremos eso para las escuelas. No queremos Escuelas Líder donde SUAGM, para ponerte un ejemplo, diga ‘aquí no va haber nadie con permanencia’, porque el borrador le da esa potestad a las entidades. ¿Sin fines de lucro? Lo primero que yo haría, si fuera SUAGM, es decir ‘búscame los maestros que yo no tenga que gastar mucho en salarios y servicios marginales, y que me trabajen bajo contrato por servicios profesionales’”, puntualizó Lara.
[Actualización] Bhatia anuncia cambios que no son cambios
Precisamente, Bhatia anunció hoy miércoles, en entrevista con El Nuevo Día, que el proyecto de ley de la reforma educativa bajará a la consideración del Senado dentro de los próximos 10 a 12 días, y que este tendría un nuevo énfasis: multiplicar, a través de alianzas, el número de escuelas administradas por organizaciones sin fines de lucro. El líder senatorial agregó en la entrevista que se ha “consultando con mucha gente”.
Pero tanto Ayala, de Educamos, como Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR, coincidieron en que el anuncio de Bhatia no cambia en nada las propuestas del borrador, pues ya el documento disponía lo que anunció: que las escuelas públicas –las que sean clasificadas como Escuelas Líder– podrían ser administradas por entidades púbicas (municipios o consorcios de municipios) o entidades sin fines de lucro, así como alianzas entre dos entidades públicas, dos entidades sin fines de lucro, o una mezcla de ambas.
Asimismo, denunciaron que los grupos magisteriales que representan no fueron consultados ni en enero –cuando comenzó el proceso de vistas– ni desde mayo, cuando se hizo público el documento.
“Desde mi punto de vista no hay ningún tipo de cambios. Bhatia está, con un planteamiento un tanto demagógico, aprovechándose de la circunstancias, pero no ha sido claro con nosotros, no ha sido claro con los líderes magisteriales y está tocando de oído, porque él no ha tenido una conversación seria con el magisterio puertorriqueño. Cuando nosotros fuimos a las primeras vistas que él celebró, él se comprometió a abrir un diálogo con diferentes sectores, donde estaríamos incluidos, y todavía estamos esperando”, expresó Ayala.
Martínez, por su parte, agregó que “Bhatia no consultó con nadie; tal vez, con su almohada, pero no con los maestros, con los padres o con los estudiantes, que van a ser los afectados por lo que él está proponiendo. Y no consultó precisamente porque su propuesta va dirigida a enriquecer unos sectores que buscan lucrarse del presupuesto millonario que recibe el DE, con el fin de privatizar las escuelas. Eso de las organizaciones sin fines de lucro hay que cuestionarlo. Hay que ver cuán sin fines de lucro realmente son, o si hay alguien detrás”.
Vea mañana el segundo artículo, que detallará los criterios de evaluación de los maestros bajo la nueva estructura del sistema, el financiamiento de las escuelas públicas y la creación del Comité Supervisor y el Oficial de Emergencia.
Borrador – Ley para la nueva educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Informe – Perfil escolar año académico 2014-2015
