FAJARDO – En principio y esencia, la reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF) durante la mañana del sábado en el hotel El Conquistador lució académica. De entrada, los miembros del ente federal parecían tener sus mentes resueltas sobre aprobar una extensión de tiempo para que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, pueda presentar un Plan Fiscal que sea considerado cónsono con las recomendaciones de la Junta.
Pero también hubo otros asuntos que se discutieron en esta lujosa hospedería costera, como el nombramiento de un director ejecutivo interino que cobrará $5,000 mensuales y el mantenimiento de contrato de una consultora que recientemente recibió un castigo multimillonario por sobrefacturar a sus clientes.
Extensión de fecha para plan fiscal Rosselló Nevares
Primero lo primero. La Junta, establecida bajo la ley federal Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) decidió extender la fecha para recibir el Plan Fiscal del gobernador hasta el 28 de febrero, a fin de pueda evaluar su certificación no más tarde del 15 de marzo, así como extender hasta el primero de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria sobre litigios contra el Gobierno de Puerto Rico, dispuesta en la Ley PROMESA.
Al centro, José R. González. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
La aprobación de extender la fecha para que el nuevo Gobierno presente el Plan Fiscal, inicialmente pautado para el 15 de enero, fue decidida de manera unánime, como todas las decisiones que la Junta ha tomado hasta ahora. Según José Carrión III, presidente de la JCF, el organismo “entendió que extender los plazos era prudente y razonable, siempre y cuando se cumpliera con unas condiciones específicas que habíamos compartido con el gobernador y con las que él estuvo de acuerdo”.
“Esas condiciones incluían el compromiso de buscar una solución integral para alcanzar el balance fiscal sin tomar más préstamos, la implantación de un plan de liquidez y un protocolo de priorización de pagos, información regular sobre el flujo de efectivo, el establecimiento de un plan de trabajo colaborativo”, agregó.
Durante la reunión, la Junta presentó lo que entienden son las metas, objetivos y parámetros fiscales que debe contener el plan fiscal a ser sometido por Rosselló.
“Entendemos que la nueva administración comparte el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en el esfuerzo de implantar las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y restablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico. Y la Junta entendió que esos propósitos quedaban mejor servidos si el gobernador y su equipo podían contar con unos días adicionales para elaborar un plan fiscal que cumpla con PROMESA para que la Junta lo pueda certificar en o antes del 15 de marzo”, añadió Carrión.
Director ejecutivo interino por $5,000 mensuales
En la reunión, la Junta también confirmó el nombramiento de Ramón Ruiz Comas, ex director ejecutivo de Triple S, como director ejecutivo interino del ente federal. Ruiz Comas, contador público autorizado y abogado retirado, fue descrito por Carrión III como “un patriota que sacó de su tiempo para ayudar a Puerto Rico” y que sacrificará el tiempo que pasa con su familia para realizar este trabajo por $5,000 mensuales, un pago “modesto, si se compara con el sueldo de ejecutivos de este calibre”.
El puesto, empero, está sujeto a que la Junta contrate pronto a alguien más. Dijo Carrión III que han entrevistado para este puesto a “más de 100 personas”.
“La Junta de Supervisión tiene muy adelantado un riguroso proceso de búsqueda, evaluación y selección del mejor talento disponible”, dijo Carrión III, aludiendo a que existe “una urgencia de encaminar una serie de funciones operacionales y administrativas indispensables para continuar adelante el considerable trabajo que los miembros han estado llevando a cabo hasta ahora sin el apoyo de un andamiaje operacional y administrativo”.
Según Carrión III, las responsabilidades inmediatas de Ruiz Comas incluirán establecer las oficinas de la Junta en Puerto Rico y D.C. y contratar al personal administrativo necesario para apoyar las operaciones de la Junta. Además, le tocará hacer recomendaciones sobre remuneración de empleados y políticas y procedimientos operacionales de la Junta, preparar el presupuesto para los próximos 12 meses y organizar las funciones financieras y de contabilidad de la Junta.
Asimismo, figurará en sus deberes asistir en el manejo de todos los consultores de la Junta y servir de enlace con el Gobierno de Puerto Rico bajo la dirección de Carrión. Es decir, Ruiz Comas servirá de portavoz, según sea necesario y asistirá en la discusión, negociación y certificación del plan fiscal del gobierno.
Citigroup multado… pero será empresa consultora financiera de la Junta
De igual modo, la Junta anunció que mantienen el contrato de Citigroup Capital Markets como consultora financiera. El anuncio sucede a días de que la empresa hermana de Citigroup, Citigroup Global Markets, fuese multada por $18 millones, según indicó la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos. Tanto Citigroup Capital Markets como Citigroup Global Markets son subsidiarias de la matriz Citigroup Inc.
Según un comunicado de prensa, “la Junta anunció además que próximamente seleccionará una firma de contabilidad para evaluar el puente fiscal entre los últimos estados financieros auditados del gobierno, que datan del año fiscal 2014, y el presente”.
En una comunicación del pasado jueves 26 de enero, la Comisión de Valores e Intercambios anunció que Citigroup acordó pagarle $18.3 millones para resolver acusaciones de que se sobregiraron en cobros a clientes de consultoría, entre otras negligencias. Según la investigación de la Comisión, al menos 60 mil clientes fueron perjudicados. Aun así, la JCF les dio un voto de confianza.
Informes y contratos disponibles para 28 de febrero
De otra parte, la Junta también anunció ayer los procedimientos que seguirá para hacer disponibles para escrutinio público todos los contratos otorgados y a otorgarse en el futuro, así como la información financiera de los miembros de la Junta, de conformidad con la sección 109 de PROMESA. La Junta aprobó, además, un Código de Ética y una enmienda a su propio reglamento para requerir el reclutamiento de un experto en ética que ayude a la Junta a asegurarse que cumple siempre con todas las reglas de ética y de conflicto de intereses.
Jose B. Carrion III junto a Elias Sanchez. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
De hecho, este viernes el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó solicitudes de información sobre la Junta de Control Fiscal, amparadas en la ley federal conocida como el Freedom of Information Act (FOIA), ante la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro federal y la Oficina de Ética Gubernamental federal. El CPI llevaba varios meses realizando las solicitudes por varias vías y de distintas formas y tuvo que recurrir a acciones legales y públicas con el respaldo de varias organizaciones defensoras de los derechos constitucionales.
Hasta ahora, la Junta ha recibido un total de $14 millones de parte del Gobierno de Puerto Rico. Indicaron que en los pasados seis meses han gastado un total de $3 millones y Carrión III lo catalogó como un gasto “bajo” para el nivel de contrataciones de consultoría que han realizado con abogados y economistas.
De igual manera, Carrión III dijo que desconocen el gasto que ha conllevado la movilización de los cientos de efectivos policiacos que se movilizaron hasta Fajardo para proteger a la Junta.
La agenda de la reunión concluyó con una sesión de comentario público durante la cual hubo oportunidad de hacer preguntas y observaciones directamente a los miembros de la Junta. En este espacio, participaron varios partidarios de las acciones de la Junta, como el mantenedor de radio y empresario Enrique Cruz, el cabildero Jorge San Miguel y el abogado corporativo John Mudd, entre otros.
