La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzará un proceso de evaluación a los salarios del personal docente y no docente que haya o no prestado sus servicios durante el proceso de huelga que aún mantienen varias unidades del Sistema tan pronto como la próxima nómina pautada para el 14 de junio de 2017.
Así se desprende de una circular que hoy enviara el director de Finanzas de Administración Central, Norberto González, a los decanos de administración y los directores de Finanzas, Recursos Humanos, Asuntos Legales y Nóminas de las once unidades de la UPR.
La medida se suscribe a una opinión emitida por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, el pasado 23 de mayo a petición de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, y en la que se concluye, entre otras cosas, que es “contrario a la Constitución (…) que se desembolsen fondos públicos por servicios no prestados”.
En su opinión, Vázquez —en la página 9 del documento— concluye que “la Universidad de Puerto Rico, la cual opera con fondos públicos y cuyo propósito es y debe ser de utilidad pública, tiene un deber fiduciario en cuanto al uso de los recursos del pueblo y por ello de la sana administración de la Universidad (…)”.
Por esta razón, sostiene González en la circular, la secretaria de Justicia indica que “es contrario a la Constitución, la moral, la ley y el orden público que se produzcan desembolsos de fondos públicos por servicios no prestados, ya sea porque esté contemplado en un convenio colectivo u [sic] cualquier otro contrato, y aquellos que vienen llamados a administrarlos tienen una responsabilidad mayor por la posible erogación desmedida de fondos sin un fin público legítimo, ello enmarcado en nuestro estado de derecho vigente”.
Asimismo, González destaca que, en su conclusión, Vázquez “enfatiza que es contrario a la ley que se les pague con fondos públicos a los empleados o funcionarios de la UPR por el tiempo en que no se encuentren trabajando, si dicho pago no se carga a alguna licencia, según lo permite la ley, máxime cuando la paralización de labores se debe a una huelga no concebida en ley”.
“Es obvio que mientras la UPR permanezca cerrada, dichos objetivos [objetivos y funciones que se le delegan en virtud de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada no se cumplen”, menciona la opinión de Vázquez.
Ante esto, González alerta a los directivos de las unidades de la UPR en huelga a que, basado en la opinión de la secretaria de Justicia, “cualquier pago a un empleado o funcionario que no haya estado prestando servicios es ilegal e improcedente”.
Instó, además, a todos los directivos a reunirse y consultar con sus oficinas de asuntos legales las vías para ejecutar los procesos necesarios para implantar correctamente lo dispuesto por Vázquez “efectivo la próxima nómina programada para el 14 de junio de 2017”.
Según reportó El Nuevo Día, “la Oficina de la Contralora ha calculado en $67 millones mensuales el pago de nómina en la UPR. De esta cifra, $24.4 millones corresponden a cuatro unidades que se han mantenido trabajando desde que comenzó la huelga en el Recinto de Río Piedras el 28 de marzo: el Recinto de Ciencias Médicas, el Recinto de Aguadilla, la Administración Central y el Servicio de Extensión Agrícola”.
De acuerdo con ese medio, “el resto, $43 millones, corresponden a las unidades que han estado cerradas en algún momento durante el conflicto”.
Ante el anuncio, el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) José J. Torres Rosario, expresó que “la opinión de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, es errada y no se sostiene en derecho porque la organización no ha decretado una huelga y porque incluso hay muchos compañeros trabajando en aquellos talleres donde las circunstancias de seguridad lo han permitido y donde no hay huelga de estudiantes en vigor”.
Asimismo, refutó la acción del director de finanzas de la UPR, al catalogarla como “unilateral e incorrecta”.
“Vamos a combatir esta acción en todos los foros y en la calle. Que no le quepa duda a este gobierno antiobrero. Mientras ellos, le llenan los bolsillos a sus amigos de la campaña con contratos innecesarios, leoninos y hasta a entidades fantasma, quieren destruir nuestra Universidad. La Heend seguirá defendiendo el patrimonio del pueblo. Con este atropello, no lograrán ni amedrentarnos ni silenciarlos”, expresó el dirigente sindical.
