A sólo un día del inicio de clases en la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Institución regresa al debate mediático ante el anuncio de nuevas propuestas que podrían cambiar la estructura universitaria.
Con la publicación del informe “Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21”, trabajado por el Comité Asesor sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto Rico y entregado al gobernador Luis Fortuño el lunes pasado, la UPR se lanza en busca de nuevos retos en su estructura organizativa.
Entre los cambios que se recomiendan en el informe entregado a Fortaleza se destacan la eliminación de representación estudiantil y claustral en la Junta de Síndicos, establecer un proceso de consulta menos complicado para escoger al Presidente de la UPR, sustituir la Junta Universitaria para dar paso a la creación de una Junta Asesora del Presidente y expandir nuevas categorías para la contratación de profesores universitarios.
Por su parte, Fortuño agradeció al Comité Educación por su “dedicación, profesionalismo y profundidad con que acometió su encomienda”.
“Lo hicieron con tesón, honestidad y valor”, destacó el Gobernador.
De otro lado, en el Recinto de Río Piedras, el semestre inició con la propuesta de un Nuevo Plan de Seguridad con el que se espera convertir el campus en peatonal con “trolleys" para la trasportación interna, colocar cámaras de seguridad en puntos estratégicos y la implementación de controles de acceso.
Según la rectora de la UPR de Río Piedras, Ana Guadalupe, este mecanismo “contribuirá a proporcionar una mejor vigilancia y seguridad en el Recinto, ayudando a que las calles estén libres, y se facilite un flujo vehicular limitado, que permita la respuesta rápida y efectiva a situaciones de emergencia”.
Sin embargo, esta propuesta no ha sido acogida con beneplácito por todos los sectores de la comunidad universitaria.
Este es el caso del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras (CGE), que se reunió en conferencia de prensa en horas de la mañana de hoy, con el fin de “expresar su posición sobre el plan de seguridad que se prevé implementar en el campus riopedrense".
Según el CGE, “el Plan de Seguridad, fue elaborado de forma reaccionaria luego de una serie de eventos en los cuales estudiantes fueron objeto de intentos de actos lascivos por parte de desconocidos en áreas públicas del Recinto”.
El plan esta dividido en tres partes: una que atiende el asunto de la prevención y educación, otra que atiende el asunto de la infraestructura de seguridad y, por último, el asunto del tránsito en el Recinto o Recinto Peatonal.
Los portavoces del CGE destacaron que “en ninguna de las etapas de redacción y desarrollo del plan de seguridad participaron miembros de la comunidad universitaria”.
A pesar que la propuesta no se ha desarrollado todavía y se espera discutir el próximo 26 de enero de 2012, como parte de la primera convocatoria de Senado Académico de este semestre, los estudiantes indicaron que han sido “testigos de cómo se levantan vallas, se desarrolla la infraestructura de cámaras de seguridad y se arrestan estudiantes por no mostrar identificación”.
No obstante, el grupo de estudiantes dijo reconocer “la necesidad de que el Recinto de Río Piedras establezca un plan de seguridad para atender esta problemática que se ha manifestado en el campus por los pasados 40 años”.
“También reconocemos que la responsabilidad de no haber actuado oportunamente para atender este problema recae sobre los administradores por ignorar los planteamientos históricamente esbozados por la comunidad universitaria”, añadieron.
Por lo que, el CGE solicitó a la rectora Guadalupe desistir de la “implementación de su plan de seguridad hasta que la comunidad universitaria pueda pasar un juicio responsable sobre las propuestas, que las preocupaciones puedan ser atendidas y respaldadas y que se tomen en cuenta las propuestas de los universitarios”.
Portavoces del CGE. / Foto Ricardo Alcaraz
Estudiantes recomiendan su propio plan de seguridad
El 20 de octubre de 2011, el CGE creó el Comité de Seguridad, “un espacio multisectorial en el que diferentes sectores de la comunidad universitaria y de el casco urbano de Río Piedras participaron y expresaron su sentir sobre el problema de la seguridad”.
Este comité elaboró un informe de 22 páginas que recoge las preocupaciones sobre algunas de las iniciativas del plan, citando informes y estudios sobre las propuestas de la administración y presentando algunas recomendaciones viables.
El documento será presentado por los representantes estudiantiles en el Senado Académico el mismo día en que la Rectora presentará su plan, el 26 de enero de 2012.
A continuación algunas de las preocupaciones:
· La exclusión de la comunidad universitaria en la elaboración del plan.
· El requisito de portar una identificación siempre visible.
· La ausencia de un plan para evitar embotellamiento vehicular en las entradas al campus.
· La instalación de cámaras de seguridad sin previo análisis y sin protocolos para garantizar su uso adecuado.
· La costo-efectividad del uso de cámaras de seguridad frente a los estudios disponibles sobre la efectividad de las mismas.
· La utilidad de los “trolleys” de limitada capacidad frente a señalamientos relacionados al servicio ineficiente que ofrecen los ya existentes.
· El costo del nuevo dispositivo para acceder al campus y los estacionamientos.
· El adiestramiento de la guardia universitaria en la Academia de Justicia Criminal señalada por deficiencias en su currículo, su acreditación y su independencia, entre otras preocupaciones.
Oposición a reforma universitaria
En torno a la publicación del Informe “Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21”, el CGE describió el documento como “otro ejemplo de que las aspiraciones y el insumo de los universitarios no son materia de interés para quienes ejercen el poder”.
“De una lectura inicial del Informe, surge que han utilizado como supuesto para realizar sus recomendaciones las experiencias de las universidades privadas en materia de gobernanza sin que exista un nexo causal entre la gobernanza institucional y la crisis existente en la Universidad. Es decir, se responsabiliza sin presentar evidencia fehaciente, a la estructura de gobernanza de la UPR por la crisis universitaria actual, usándola así como chivo expiatorio y justificación de una visión de gobernanza similar a la de las universidades privadas”, sentenciaron.
No obstante, el CGE aclaró que coinciden con el gobierno actual “en la necesidad de iniciar un proceso de reforma universitaria que transforme a la UPR. Sin embargo, entendemos que dicho proceso debe surgir de consensos y diálogos entre la comunidad universitaria y la sociedad puertorriqueña y no puede ser una imposición del Gobierno de turno”.
“Los universitarios aspiramos a ser parte de una propuesta para la UPR que responda a la actualidad. Sin embargo, entendemos que cualquier proyecto de Reforma Universitaria se debe trabajar con las más amplia participación de la comunidad universitaria y del país”, concluyeron.
