La Universidad de Puerto Rico (UPR) ahora tendrá hasta el 30 de abril de 2017 para entregar el plan fiscal que le impuso la Junta de Control Fiscal (JCF) a la institución. Así lo comunicó hoy la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, por medio de una circular dirigida a toda la comunidad universitaria.
En la misiva, se explica que el pasado lunes, 20 de marzo de 2017, la administración de la UPR tramitó una comunicación al ente federal solicitando extensión a la fecha de entrega final del plan fiscal.
Ayer, reza la carta, la JCF “envió respuesta al gobernador [Ricardo Rosselló] extendiendo la fecha de la entrega del plan fiscal de la UPR al 30 de abril de 2017, manteniendo el 1 de julio de 2017 como la fecha para certificar su presupuesto”.
La petición de la presidencia de la UPR le siguió a una previa solicitud de reunión con el presidente de la JCF, José Carrión, “para discutir asuntos relacionados con el plan fiscal y la fecha para su entrega”.
“En este escenario de grandes retos fiscales para la Universidad de Puerto Rico, reiteramos nuestro llamado a la reflexión y al diálogo sostenido entre los estudiantes, el personal docente y no docente para la búsqueda de las alternativas que aseguren el cumplimiento de su misión para las presentes y futuras generaciones. Queremos una Universidad abierta y comprometida con el futuro del país”, expresó la presidenta interina en su comunicación.
Como parte del borrador del plan fiscal que trabaja la administración de la UPR, se contempla la reducción de los puestos de confianza en un 20% y de los puestos temporeros en un 50%, así como la consolidación de diez estructuras administrativas en solo tres,
Como parte de la reestructuración de la oferta académica, el vicepresidente de Asuntos Académicos detalló que datos preliminares apuntan a que 77 de 271 programas subgraduados de la UPR –un 28% del total– caen bajo la categoría de “bajo nivel de efectividad”. Ramos indicó que la “baja efectividad” es determinada tanto por la tasa de graduación como por la tasa de retención de cada programa; en estos casos, la primera es la más baja de las dos.
El plan utiliza este concepto en dos etapas. En la primera, cada unidad debe identificar e informar el 50% de los programas que se encuentren en el renglón de “baja efectividad” –cerca de 39 de los 77 programas señalados– para que no se incluyan en la oferta hábil para el año académico 2018-2019. Estos informes se entregarán entre el 24 y el 31 de marzo.
En la segunda etapa del plan, se identificarían e informarían el 50% de los programas restantes catalogados como de “bajo nivel de efectividad” para que no se incluyan en el programa académico 2019-2020.
