A pesar de la incertidumbre que ha rodeado las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los últimos meses, la institución informó hoy que trabaja un borrador de un presupuesto a nivel sistémico con un recorte de $162.6 millones para el año fiscal 2018 que inicia en poco más de dos semanas.
Empero, los rectores de las diez unidades –más el Cuerpo de Decanos, en el caso de Río Piedras– ya presentaron sus respectivos presupuestos a base de un recorte de $149 millones, por lo que la diferencia de $13 millones “se trabajará en asuntos administrativos” dentro de las dependencias de Administración Central, sostuvo Leticia Fernández, directora interina de la Oficina de Presupuesto de la UPR.
La cifra de $162.6 millones fue confirmada en una reunión el pasado viernes 16 de junio entre el equipo fiscal de la UPR y miembros de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
Representantes de las dos agencias plantearon que ese sería el “número final” con el que la institución “tendrá que trabajar”, dijo Fernández.
“El reto es cuadrar el presupuesto [sistémico] con el nuevo número esta semana”, agregó, aludiendo a los trabajos hechos hasta el momento que contemplaban la disminución de $149 millones.
Una vez se tenga el documento final, este será presentado a la Junta Universitaria para que asesore a la Junta de Gobierno de la UPR y esta, una vez esté constituida, lo apruebe. El máximo foro rector de la universidad tiene vacantes en ocho de sus 14 sillas, insuficiente para poder tomar decisiones vinculantes para la institución.
El Senado tiene ante sí las nominaciones de los abogados Walter Alomar Jiménez y Zoraida Buxó Santiago. Con solo uno de ellos que se confirme por la Cámara Alta, la Junta de Gobierno tendría quórum para aprobar el presupuesto, el plan fiscal de la UPR, y nombrar un presidente interino.
El presupuesto en detalle
En síntesis, el total de lo que la UPR recibirá del gobierno es $771 millones.
De estos, $631 millones corresponden a las trasferencias del Fondo General, según estipulado originalmente en la Ley 2 del 1966. Sin embargo, no se ha explicado cómo aplican –o dejan de aplicar– las leyes 66 del 2014 y 3 del 2017, que congelaron esas transferencias en $833.9 millones hasta el 2021.
A los $631 millones se suman $15 millones para sufragar gastos operacionales, $15 millones para mejoras permanentes, $10 millones que se allegarían en servicios que la UPR ofrecerá al gobierno, $62 millones por la Ley de Juegos de Azar y $38 millones de asignaciones especiales.
A preguntas de Diálogo sobre el precedente en la falla de pagos por parte del gobierno hacia los servicios que ofrece la UPR –y que ha redundado que cuentas por cobrar se tiren a pérdida–, el director de la Oficina de Finanzas, Norberto González, indicó que ya la OGP separó esa cantidad para sufragar los servicios que brinde la universidad.
Entre las agencias que tienen acuerdos con la universidad están los departamentos de Salud, Justicia, Educación, Vivienda, Familia, Trabajo, Corrección y la Autoridad de Puertos.
“Letra muerta” leyes que regulen presupuesto de la UPR
Por su parte, la licenciada Yvonne Huertas, directora ejecutiva interina de la Oficina de Presidencia, señaló que aun si el reglamento de la institución establece que de no aprobarse un presupuesto para un próximo año fiscal se mantendría la misma asignación presupuestaria, eso es “letra muerta”.
“Sabemos que el presupuesto anterior estaba basado en una fórmula congelada de $833 millones. Sabemos que esa realidad está totalmente enajenada de este momento. Aunque el reglamento diga que prevalece el presupuesto anterior, se tienen que hacer los ajustes que nos indicaron en OGP. Tenemos que reconocer que estos son los fondos con los que vamos a trabajar”, expresó Huertas.
En cuanto al plan fiscal que la UPR debe elaborar y presentar a la Junta de Control Fiscal, González mencionó que siguen trabajando en él para que cuando los foros estén debidamente constituidos pueda ser sometido a la Junta de Gobierno y luego se presente al ente federal.
Continúa disputa con la Junta Universitaria
Huertas aclaró que la “opinión legal” que sometió la Oficina de Presidencia de la UPR con respeto a las reuniones de la Junta Universitaria –y que plantea que estas son ilícitas– surge porque ese organismo está “inoperante”.
“Lo que hace inoperante a la Junta Universitaria es el hecho de que no haya un presidente ni una Junta de Gobierno debidamente constituida”, explicó la licenciada.
“La Junta Universitaria está en suspenso hasta que llegue una Junta de Gobierno y nombre a un presidente [interino]. Ellos mismos [los miembros de la Junta Universitaria] saben que no hay un presidente y saben que el presidente es quien los convoca. No importa que haya o no haya una opinión legal, lo importante es que la Junta Universitaria tiene una función de asesorar y, por lo tanto, en este momento no pueden asesorar a un presidente porque no lo hay y no pueden asesorar a una Junta de Gobierno por que no está constituida”, recalcó Huertas.
Asimismo, manifestó que aun con la falta de liderato, la universidad sigue operando porque “cada uno de los directores de oficina estamos realizando las labores que están claramente definidas. Nosotros continuamos operando, nuestra labor no está interrumpida por la ausencia de un presidente porque nuestra labor tiene una descripción que dice cuáles son nuestras funciones”.
Para Mario Medina Cabán, rector de la UPR en Cayey, estos comentarios son muy lamentables porque lo que hacen es desinformar. De acuerdo con Medina Cabán, la expresidenta interina Nivia Fernández había convocado a la Junta Universitaria, y el reglamento de la UPR establece que esta debe elegir a un presidente pro tempore.
“La Junta de Gobierno no puede aprobar el presupuesto sin que la Junta Universitaria lo vea. Así que el intento de querernos minimizar en sí lo que refleja es un desconocimiento del sistema”, sumó Medina Cabán.
“La labor de administración es facilitar lo que es la razón del sistema, que son los diferentes recintos donde se atienden los estudiantes, donde se llevan a cabo las investigaciones. Yo me pregunto cuánto estudiantes atienden ellos”, adujo.
Contrario a lo que señaló Huertas, el rector de la unidad cayeyana sostuvo que si el Senado no aprueba los nombramientos a la Junta de Gobierno antes de que termine el año fiscal, la UPR debe seguir operando con el presupuesto del año anterior.
La Junta Universitaria tiene una reunión pautada para mañana a las 10:00 a.m., en la que, entre otros temas, se espera que se discuta el porvenir del presupuesto.
