Entre el cuatrienio pasado y el que está próximo por culminar existe una diferencia monetaria en contratos entre el Departamento de Educación (DE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) que asciende a los $127,139,479.40.
Según la Oficina del Contralor, para el cuatrienio 2009-2012, la universidad del Estado realizó 124 contratos con el DE que ascendieron a una suma capital de $142,494,277.04.
No obstante, en los últimos cuatro años, la UPR ha experimentado una drástica disminución en las contrataciones por parte del DE. En este cuatrienio, el sistema universitario público de Puerto Rico solo obtuvo 43 contratos para un total de $15,354,797.64. El pasado año fiscal, el primer centro docente del país cerró con un déficit de $1,640 millones.
El secretario del DE, Rafael Román, aseguró a Diálogo que la culpa de esta disminución en contrataciones no solo recae sobre el DE, sino que también la UPR tuvo sus fallas.
“La realidad es que la UPR no participó en todas las propuestas competitivas que tenía educación. Si tú vas al desglose de esos contratos de universidades privadas son por propuestas competitivas. Hubo propuestas en que la UPR o no participó o no salió adjudicada”, explicó Román.
Sin embargo, el secretario observó que los contratos de esa agencia con la UPR debieron haber sido más. “Debió haber sido más, y esto yo lo conversé en varias instancias, debió haber sido más, pudo haber sido más”.
En cuanto a las universidades privadas, estas no sufrieron disminuciones radicales en sus contrataciones en comparación con la UPR. Por ejemplo, el Sistema Ana G. Méndez tuvo una diferencia entre esos mismos dos cuatrienios (2009-2012 y 2012 -2016) de $3,451,341.87.
Por otro lado, la Universidad Interamericana salió favorecida en estos cuatro años al ver un aumento de $1,634,478.03 en contratos con Educación.
Según el secretario, el gran reto con este tema es que, en el caso de Educación, la mayoría de los contratos que se otorgan para consultorías, ‘coaching’ o adiestramientos, son sufragados con fondos federales –la mayoría Título I– que tienen una disposición de competitividad.
“Yo no puedo dar contratos por servicios profesionales de cinco o seis millones a la UPR sin que haya competencia y me parece que ahí la universidad tiene que afinar su aparato administrativo para poder responder en un andamiaje correcto a ese tipo de iniciativa y poder tener mayor ganancia en términos de ganar las propuestas”, articuló Román.
Seguido, tomó como ejemplo CRECE-21, que a su entender, “fue un programa en el que el andamiaje administrativo falló”. Además, destacó que el contrato de la UPR con el Instituto Filius no se renovó por petición de la universidad. “De hecho, la UPR perdió dinero, no recobró tres o cinco millones en ese contrato [con el Instituto Filius] que, por cierto, la Junta [de Gobierno] aprobó una resolución para que se investigara el tema”, afirmó el secretario.
“La UPR podría participar mucho más. Tiene que mejorar su andamiaje administrativo para poder participar, hacer propuestas competitivas –que ganen– y si gana la UPR, gana el Departamento de Educación. Tiene los mejores profesores del país, los mejores estudiantes del país y cuando yo preguntaba si la UPR ganó o no ganó era una frustración para mí, como secretario, que la UPR no entrara en alguno de esos proyectos”, manifestó Román.
Empero, para el secretario del DE, esta administración tomó mucho en consideración la relación con la universidad del estado. “La relación se estrechó y es una evidencia que se hizo más con menos”, indicó.
Por ejemplo, la UPR colaboró con el DE en proyectos como el PreK-16, la decisión de no cobrar la solicitud de admisión al sistema universitario público, la Certificación 50 –que flexibiliza la admisión de algunos estudiantes que no cumplen con el índice académico– y la revisión curricular para cuatro materias básicas del Departamento.
“La aportación más significativa que hizo la UPR fue lo que respecta a la revisión curricular. La revisión curricular en materias básicas –español, inglés, matemáticas y ciencias– solicitada por el gobierno federal, fue condicionada a que la Universidad de Puerto Rico validara la revisión. Ahí fue fundamental el trabajo que hizo la UPR de Mayagüez, la UPR de Cayey y el Recinto de Río Piedras, esos tres recintos fueron fundamentales en la revisión de los estándares y expectativas de esas cuatro materias básicas”, explicó.
Román detalló que la contratación de la UPR es costo beneficioso debido a que “no le costó al Departamento de Educación la aportación que hizo la universidad”.
Aunque el secretario saliente del DE, Rafael Román, asumió la responsabilidad de su agencia en la disminución de contratos con la UPR, también culpó a la universidad por no poseer el componente administrativo necesario. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
No obstante, entre los más de 100 contratos que verificó Diálogo entre los años 2015-2016, se constató que el DE contrató a la Universidad Metropolitana (UMET) -donde Román hizo su maestría y termina su doctorado- para realizar la revisión curricular para los programas ocupacionales, que tuvo un costo de $300,000 en su primera y segunda fase.
Ante esta situación, el exsecretario del DE, Rafael Aragunde dijo sin titubeos que las instituciones privadas, “viven de eso”.
“Yo creo que ya todo el mundo lo sabe que Ana G. Méndez es naturalmente una institución interesada en esto [contratos con el DE] y es normal y no debe molestarle a nadie. Ahora, es asunto del Departamento de Educación asegurarse de que esas propuestas caigan en manos de gente competente”, acotó.
“Me consta también, respecto a compañías que se contrataban para darle tutoría a los estudiantes en escuelas en plan de mejoramiento, que obtenían las propuestas y luego tú los veías locos por ahí contratando maestros para que ofrecieran los talleres porque no los tenían”, continuó.
Entre los contratos examinados también se encuentra una alianza con la UMET para investigar “Los valores de los jóvenes de Puerto Rico”, contrato que ascendió a $400,000 por un plazo de cuatro meses.
También, el DE contrató a Caribbean University por un total de $65,900 para “ofrecer, de acuerdo a los referidos sometidos por la secretaria asociada de Educación Especial o su representante autorizado y el Centro de Servicios de Educación Especial servicios de evaluación, reevaluación e intervención”, lee el contrato que posteriormente fue enmendado para añadirle $11 mil.
El Instituto de Banca realizó una “propuesta para diseño y prueba de recetas estandarizadas de habichuelas guisadas”, que alcanzó los $55 mil por un término de cuatro meses.
Por otra parte, a la UMET de Aguadilla ($51 mil), Bayamón ($51 mil), Comerío ($102 mil), Jayuya ($51 mil) y San Juan ($63,720); el Campo Virtual del Sistema Ana G. Méndez en Aibonito ($76,500), San Juan ($51,300) y San Juan –nuevamente– ($76,500); la UNE de Arecibo ($141,950) y Yauco ($82,450); y el Turabo de Cayey ($153 mil), Gurabo ($251,600), Ponce ($242,250) y Yabucoa ($153 mil): se les aprobó una propuesta con el mismo objetivo: “proveer servicios educativos a personas adultas de dieciséis años o más en alfabetización, educación básica, educación secundaria, alfabetización en inglés y educación cívica, inglés conversacional y repaso para el Examen de Equivalencia de Escuela Superior”, según los contratos.
Ante estos datos, el exsecretario de Educación, Rafael Aragunde, argumentó que el proceso de contratación, “tiene que ser lo más objetivo posible porque todo el mundo puede reclamar y tiene que ser claro y preciso el criterio del que tú te vales para contratar una institución. Nosotros preferíamos la UPR o la Interamericana porque eran instituciones que contaban con un programa sólido”.
“Si tú contratas instituciones o compañías que no tienen los profesores idóneos pues eso se va a reflejar al final de la cadena que es cuando el estudiante en un salón de clases intente aprender una disciplina”, inquirió el también catedrático de la Universidad Interamericana.
El Departamento, ¿paga o no paga?
Por otro lado, para Aragunde uno de los posibles factores para la disminución de contratos en la UPR pudo haber sido la demora con la que el Departamento de Educación emite sus pagos.
“Lo que ocurre es que el Departamento de Educación, como todo el mundo sabe, paga muy lentamente. Aunque los fondos federales llegan, a veces [el Departamento de] Hacienda los utiliza o no los pasa como los tiene que pasar… la deuda con Río Piedras era grande y en par de ocasiones Río Piedras dijo ‘no vamos a someter más propuestas, se acabó’”, recordó el exrector de la UPR Cayey.
Empero a esto, Román afirmó que en ese tema ha habido progreso, aunque continuó culpando a Hacienda de la demora en el desembolso de pagos. Asimismo, “en este cuatrienio se implementó la facturación electrónica en asuntos federales. Ya los proveedores de asuntos federales no envían papeles para acá, para facturación, someten su documentación en una plataforma y todo se hace digital. Eso ha acelerado bastante el flujo de los pagos”, expresó.
Un escenario que se extrapola a nivel gubernamental
Rafael Aragunde fungió como secretario del DE durante los años 2005–2008. (Glorimar Velázquez / Diálogo)
Pero esta situación no solo sucede en el DE sino en todo el aparato gubernamental. En efecto, el cuatrienio pasado la UPR obtuvo unos 916 contratos con el gobierno de Puerto Rico y la suma monetaria alcanzó los $297,073,161.57.
En estos últimos cuatro años, la UPR logró 723 contratos con el gobierno y un capital que ascendió a $52,911,389.47.
“La Universidad de Puerto Rico debería jugar un papel fundamental de servirle al gobierno. Podría ser la universidad del Estado quien corra los proyectos gubernamentales”, manifestó Mario Negrón Portillo, profesor retirado de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR.
“A mí me gustaría pensar que la UPR es un recurso para el Departamento de Educación y el gobierno. En estos momentos, la universidad tendría ingresos externos y el gobierno gozaría de peritaje”, continuó Negrón Portillo.
Con él coincidió Aragunde al recalcar que “la Universidad de Puerto Rico tiene necesidad de esos fondos. El país debería asegurarse de estimular la UPR para que efectivamente recaude fondos externos para consolidar el proyecto que tienen en su interior”.
Pero el exsecretario fue aún más lejos al sugerir que el DE debería reducir su tamaño. Además, añadió que, “eliminaría las compañías privadas y me aseguraría de [contratar] sólo instituciones universitarias que cumplan con los criterios de calidad tal y como tener acreditado su programa de pedagogía en educación y revisar el resultado de las PCMAS. Creo que las cuestiones académicas tenemos que asegurarnos de valernos de criterios de excelencia”, insistió.
Por su parte, Román propuso que debería existir una relación de codependencia entre el DE y la UPR ya que el sistema universitario prepara profesionales de todas las áreas necesarias para satisfacer las necesidades.
“Es cuestión de voluntad yo creo que hay muchos servicios duplicados en el gobierno que la Universidad de Puerto Rico los podría ofrecer. Ahora, tienen que tomarse decisiones valientes, ¿y cuáles decisiones valientes? Bueno, pues que no lo haga gratis la universidad, sino que en vez de darle un contrato a las compañías privadas, lo haga la Universidad de Puerto Rico. Son determinaciones de política pública que hay que tomar”, expuso el saliente secretario.
“En un escenario donde se contemplan recortes a la Universidad de Puerto Rico pues quizás la solución sea esa, pero insisto son decisiones de política pública que tienen que ser valientes porque tú no puedes tener las dos cosas. Tú no puedes querer mantener la UPR trabajando en proyectos de transformación del gobierno, pero a la misma vez pagándole a otra gente, o lo hacemos con la UPR y se le paga a la UPR o lo hacemos con otras entidades”, puntualizó.
