La Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) celebró un simposio para discutir la sentencia del Tribunal Supremo y sus implicaciones ante el pleito de clase de los niños de educación especial.
El pasado 7 de enero de 2016, el Tribunal Supremo (TS) acogió la petición de los demandantes y revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones de excluir a padres, madres y encargados de los estudiantes del Programa como parte reclamante en el pleito de daños y perjuicios.
En el simposio, organizado por la profesora Ana Miró y las estudiantes Estefanía De Jesús y Karla Monge, se discutieron las implicaciones políticas, económicas, legales y las perspectivas familiares y educativas de esta sentencia.
En el 1980, Rosa Lydia Vélez demandó al Departamento de Educación por no prestarle los servicios necesarios a su hija Isamar, que por derecho le correspondía recibir, por ser parte del Programa de Educación Especial.
José Torres Valentín, abogado de la clase, explicó que la demanda originalmente tenía dos vertientes principales, en una se reclamaba la prestación de servicios por parte del Departamento, y la otra vertiente que correspondía a los daños y perjuicios de los estudiantes de educación especial, sus padres, madres y encargados.
Respecto a la fase de prestación de servicios en el año 1981 se convirtió en un pleito de clase. Esto significa que las reclamaciones de Rosa Lydia Vélez y las decisiones emitidas por el tribunal impactan a todo estudiante entre los 3 y 21 años registrados en el Programa de Educación Especial a partir del 14 de noviembre de 1980, hasta la actualidad.
En el año 2002, como parte de una Sentencia por Estipulación, se le obligó al Departamento de Educación a cumplir 87 acuerdos donde fundamentalmente tiene que brindar servicios desde la fase de identificación, evaluaciones, determinación de elegibilidad, su ubicación y los servicios de terapias, entre otros.
“Como Educación ha incumplido consistentemente con esos acuerdos el tribunal le ha impuesto a través del tiempo unas sanciones, una penalidad económica”, señaló Torres Valentín. La sanción comenzó en mil dólares diarios, luego se aumentó a dos mil y ante el continuo incumplimiento, en el 2013 se incrementó a $10 mil diarios.
Torres Valentín sostuvo que, pese a que ha mejorado la prestación de servicios luego de la sanción, todavía están bajo el nivel de cumplimiento. De continuar así, y según lo establecido por el tribunal, los funcionarios se exponen a recibir sanciones personales, incluyendo ir a la cárcel por desacato durante un periodo de tiempo.
Sobre este particular el legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, expresó que “hasta que un funcionario no pase una o dos noches en Vega Baja o en Bayamón por negarle el acomodo o el servicio a un estudiante… las cosas no van a cambiar”.
Otra opción que presentó el tribunal es que le puede quitar la administración del Programa de Educación Especial al Departamento y designar un síndico.
De izquierda a derecha: Jaime Del Valle, Adrián González Costa y José Torres Valentín.
La fase de daños y perjuicios se ha mantenido en pugna en los tribunales del país durante 35 años. “Durante los primeros 23 años de litigio la reclamación por daños y perjuicios se mantuvo dormida, el tribunal y las partes le dedicaban todo su esfuerzo fundamentalmente al área de prestación de servicios que en esencia es lo más importante”, dijo Torres Valentín.
En el 2003, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) resolvió que no procedía la certificación de clase para la concesión de daños y perjuicios porque hay distintas categorías y cada estudiante tendría que probar su caso.
El caso fue llevado al Tribunal de Apelaciones (TA), donde se modificó la sentencia en el 2005 y estableció que, pese a que no procedía la certificación de un pleito de clase, los estudiantes no tenían que presentar una demanda individual. Se tramitarían bajo el caso original de 1980 en el TPI de San Juan. Y finalmente en enero del 2016 el Tribunal Supremo acogió la petición de los demandantes.
“El Tribunal [Supremo] lo que ha ordenado es que se viabilicen los mecanismos para facilitarle tanto a estudiantes como madres, padres y encargados cómo realizar su reclamación”, explicó el abogado.
En cuanto al aspecto económico, Jaime Del Valle, profesor de la UPRRP, mostró un estimado de costos de cumplimiento de la Sentencia por Estipulación del 2005 del TA con proyecciones al 2010 y 2015. De acuerdo con la gráfica, el estimado por terapias por condición ascendía a $86,183, 681 al año.
Por su parte, el legislador González Costa hizo hincapié en la debacle que ha habido en el Programa de Educación Especial desde el 2013. Además, señaló que este se está afectando debido a la crisis económica y, de aprobarse la Junta de Control Fiscal, se afectaría aún más.
Hizo un llamado a los estudiantes presentes a que “nos se dejen politizar ni absorber por la institución a la que sirvan ya sea pública o privada” y a defender los derechos de los estudiantes por encima de todas las cosas.
La portavoz del Comité Timón del pleito, Carmen Warren, en su exposición destacó las necesidades económicas que enfrentan los familiares y encargados de los estudiantes para así resaltar la importancia de la decisión del TS al incluirlos en las indemnizaciones.
De igual forma, hizo un llamado a los allí presentes a que informen de esta decisión a sus conocidos porque, según ella, la información no se ha difundido lo suficiente.
Otra de las panelistas fue Rosa Lydia Vélez, demandante original del caso. Esta inició diciendo que “Rosa Lydia Vélez es cada madre que la vida le sorprende con un hijo especial”.
Comentó que “son 36 años que tiene el pleito de clase. La vida siguió, ya Rosa Lydia no tenía las mismas energías. La niña, que ustedes la ven aquí sonriéndose que parece que tiene como 12 años, ya tiene 42 [años] y ya está cogiendo genio de adulto… la niña también va cambiando”.
Luego de relatar algunas vivencias familiares, explicó que está en el proceso de recibir una indemnización. Aunque el dinero que le otorgaron está depositado, no ha podido reclamarlo porque le solicitaron una gran cantidad de documentos y aún está haciendo los trámites.
En tono irónico, dijo que “el dinero de la niña está depositado allá en el tribunal desde junio y… me citaron para que me vea la jueza y decida si Isamar es una niña especial o no”, a lo que el público reaccionó con una carcajada.
Vélez expresó: “sigo luchando para que cuando llegue ese momento de transición pueda dejar el ser humano más independiente posible porque la sociedad no perdona”.
