Una corte venezolana pidió el miércoles a la policía internacional el arresto del líder opositor Manuel Rosales, quien un día después de pedir asilo en Perú reapareció con un mensaje televisado en la que afirmó ser un perseguido político del “cobarde” presidente Hugo Chávez. El alcalde de la occidental ciudad de Maracaibo no acudió esta semana a una audiencia en la que podría iniciársele un juicio por presunto enriquecimiento ilícito, al considerar que el caso está manipulado por el Gobierno venezolano. “Es un hecho público, notorio y comunicacional que el alcalde de Maracaibo no asistió a la audiencia preliminar y actualmente se encuentra en Perú, donde solicitó asilo político”, informó el Ministerio Público en un comunicado. El dirigente, que se enfrentó a Chávez en las elecciones presidenciales del 2006, se encontraba clandestino desde marzo al denunciar hostigamiento de los cuerpos de seguridad, pese a que no existía ninguna medida en su contra. Por su parte, Rosales emitió un mensaje a través de la emisora local Globovisión afirmando su inocencia y llamó “golpista” y “cobarde” a Chávez por lo que dijo era un intento de eliminar a sus adversarios políticos. “Todo el mundo en Venezuela sabe que soy víctima de una persecución ordenada por Chávez, que se me han violado todos mis derechos”, afirmó en un mensaje transmitido desde Perú. La Fiscalía venezolana lo acusa de no poder justificar unos 60.000 dólares de su declaración jurada de patrimonio del período 2002-2004 cuando era gobernador del petrolero estado Zulia. El delito contempla pena de 3 a 10 años de cárcel. La oposición por su parte denuncia que el juicio contra Rosales forma parte de una ofensiva de Chávez para criminalizar a sus adversarios políticos mientras intenta sortear el impacto de la crisis económica global.
En medio de la campaña de unas elecciones regionales a finales del 2008, Chávez, que afirma llevar adelante una “revolución socialista” en Venezuela, acusó a Rosales de ladrón y aseguró que sería enjuiciado. Rosales, de 56 años, llegó a Lima con tres de sus hijos y un grupo de 20 personas, que también critican al Gobierno de Chávez, según una fuente cercana al político. El tribunal de control de Caracas -donde se radicó el juicio bajo protesta de la defensa- sorprendió con la orden privativa de libertad contra Rosales, ya que el martes había fijado una nueva audiencia del caso para el 11 de mayo. La corte emitió además un pedido de captura internacional a la policía local e Interpol porque “Manuel Rosales ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra”. Funcionarios de Interpol en Perú no respondieron para brindar información respecto a la medida. En tanto, Lima comenzó a tramitar el requerimiento de asilo político hecho por Rosales, un proceso que podría demorar unas dos semanas, según el Gobierno peruano. Sin embargo, el ministro venezolano de Interior, Tareck El Aissami, expresó que la gestión no procede porque se le está investigando por un delito común y no político. En Perú, el líder opositor tiene la asesoría del legislador oficialista Jorge del Castillo, ex primer ministro peruano y considerado mano derecha del presidente Alan García.
Poco después de la transmisión del mensaje de Rosales, el canciller peruano, José Antonio García Belaunde -quien afirmó que el caso no afectará las relaciones bilaterales-, pidió al líder no usar a ese país como “plataforma política”. El primer ministro de Perú, Yehude Simon, se refirió también al tema. “Perú no puede aceptar que desde nuestro país se hable en contra de cualquier presidente”, dijo después de una reunión de gabinete. El “filósofo del Zulia”, como lo apoda Chávez por sus equivocaciones en alocuciones públicas, había dicho que continuaría en la lucha política desde el extranjero. “Pronto regresaré (a Venezuela) porque las tiranías, como todos, tienen su tiempo y su duración, nosotros vamos a seguir luchando”, afirmó Rosales a un grupo de periodistas poco después de su discurso televisado. Rosales expresó confianza en que Perú le otorgue el asilo y dijo que escogió refugiarse en ese país sudamericano por su “tradición” democrática. El mandatario peruano García, un ferviente promotor del libre mercado y las inversiones, ha criticado fuertemente a las políticas de izquierda en Latinoamérica, muchas de las cuales están lideradas por el presidente venezolano Chávez.
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