El presidente de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar Jiménez, defendió el plan fiscal revisado que aprobó anoche el cuerpo rector, aduciendo que los aumentos en los costos de matrícula estudiantil son medidas que debieron haberse tomado hace años y que los modelos propuestos de consolidación de unidades producirán ahorros de los cuales el propio alumnado será el principal beneficiado.
El documento —que aún no se ha circulado públicamente pero que debe someterse hoy mismo a la Junta de Control Fiscal (JCF) para su evaluación— contempla aumentos que, en el caso de los estudiantes subgraduados, duplicaría el costo que representa estudiar en la principal institución educativa del Estado tan pronto como para el año académico que inicia en agosto.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria que sostuvo la JG, Alomar Jiménez destacó el potencial que considera ostenta la UPR a partir de las medidas de generación de ingresos que se incluyeron en el plan fiscal y justificó en todo momento las posturas que asumieron las autoridades universitarias en los intercambios con la JCF como parte del proceso que desembocó en la confección del plan fiscal revisado.
Pero sobre todo, Alomar Jiménez fue insistente en que las medidas adoptadas en el plan que regirá las finanzas de la institución por los próximos cinco años de ninguna manera limitarán las posibilidades de acceso de los jóvenes puertorriqueños a una educación superior del calibre que ofrece la UPR.
Por esa línea, Alomar Jiménez hizo referencia al fondo de becas que creará la institución y que, en gran medida se financiará con los ingresos derivados del aumento en la matrícula. Este fondo en su primer año deberá ascender hasta unos $38 millones, con la expectativa de que en años venideros el monto alcance los $50 millones.
De acuerdo con el presidente de la JG, cerca de un 70% de los estudiantes se beneficiarían en mayor o menor grado de esas becas que, en principio, evitarían que los estudiantes más desventajados económicamente tengan que pagar más de $75 por crédito en el año académico entrante. Es decir, que en estos casos el aumento tangible sería de unos $19 respecto al costo actual, o unos $570 anuales tomando como base una matrícula de 15 créditos semestrales.
El costo de matrícula seguiría en ascenso hasta alcanzar los $140 por el crédito subgraduado, $200 por el de maestría y $250 por el doctoral durante la vigencia de este plan fiscal a cinco años.
“La UPR cuenta con una calidad inigualable. Lo que los estudiantes obtienen no lo obtienen de ninguna [otra universidad]. Es momento de poner un precio de matrícula justo, que refleje el valor real para un estudiante que sale de aquí con una educación de altura, de calidad y excelencia”, planteó Alomar Jiménez, al criticar el que las pasadas administraciones dejaran intacto el costo de matrícula, lo que catalogó como una “irresponsabilidad”.
Asimismo, Alomar Jiménez informó que se planifica reducir el monto de las exenciones estudiantiles. Para estudiantes-atletas o hijos de profesores, que actualmente gozan de una exención total de matrícula —unos $1,680 por 30 créditos al año bajo los parámetros actuales—, el beneficio se limitaría a $1,200 anuales.
Sin definirse modelo de consolidación
En la reunión extraordinaria de la JG se reveló que al momento se contemplan dos modelos de consolidación de unidades académicas, que difieren en el total de recintos —y por ende, aparatos administrativos— que conformarían el sistema universitario.
La primera propuesta, que ya había salido a la luz pública más temprano en la semana, establecía cinco “hubs” académicos y administrativos: tres conglomerados que agruparían a tres unidades cada uno basado en criterios regionales, que se sumarían a los recintos de Río Piedras y Ciencias Médicas, que mantendrían su independencia.
La segunda propuesta bajo consideración convertiría a Río Piedras en el recinto “hub” del conglomerado del noreste, que también incluye las unidades de Arecibo, Bayamón y Carolina. Este escenario dejaría cuatro estructuras con funciones administrativas, si bien Alomar Jiménez fue enfático en que las 11 unidades actuales seguirán cumpliendo funciones académicas.
De igual forma, aseguró que la reorganización no conllevará despidos de docentes ni administradores, sino que la reducción en el personal resultará del proceso orgánico de attrition, o la práctica de no reemplazar a los empleados que van de salida, ajustes que en principio se facilitan mediante la consolidación. Por el contrario, dijo Alomar Jiménez, la consolidación evitará que la administración aumente la carga académica a los docentes con plaza, y al mismo tiempo reducirá la necesidad de contratar profesores a tiempo parcial.
La decisión sobre qué modelo adoptar se tomará sobre la marcha del proceso de evaluación del plan fiscal, que la JCF debe certificar a más tardar el 20 de abril.
El abogado destacó los choques que mantuvo la jefatura de la UPR con la Junta de Control Fiscal, tanto en relación a la posibilidad de clausurar unidades académicas como a las discrepancias en torno a las proyecciones en las cifras de la población estudiantil para el próximo lustro, y cómo la administración universitaria defendió con “fuerza” sus posturas.
Aunque, según Alomar Jiménez, la JCF trabajaba con estimados que contemplaban una disminución en la matrícula a 41,000 estudiantes, en el plan fiscal revisado se proyecta una reducción de alrededor de 6,000 respecto a los cerca de 58,000 alumnos con los que cuenta la UPR al presente.
“Les señalamos que el estudio que ellos habían hecho era incorrecto. Nosotros estamos demostrando que [aunque] en los últimos diez años Puerto Rico ha visto una merma en población, los números de estudiantes se han mantenido constantes en 57,000 estudiantes, e incluso llegó hasta 62,000 en 2017. Quiere decir que no podemos hablar de que haya una correlación perfecta entre población y la UPR”, argumentó el también profesor de Derecho, al tiempo que agregó que las solicitudes de admisión para el próximo año académico superan en casi 2,000 las que se enviaron en 2017.
A pesar de estas diferencias de criterios, el presidente de la JG se expresó optimista de que el plan recibirá el visto bueno de la JCF. Representantes del organismo federal y la administración universitaria se estarán reuniendo semanalmente de cara al proceso de certificación.
“Esperamos que el plan sea evaluado por la Junta [de Control Fiscal], que cualquier duda o pregunta esto se ha mencionado que es parte de un proceso iterativo, al igual que el [plan fiscal] del gobierno. Habrá algunas discusiones o datos que tengamos que aportar pero vamos a defender nuestro plan que entendemos que es el más razonable para los estudiantes y la comunidad universitaria”, afirmó Alomar Jiménez.
Un detalle que salió a relucir en la reunión de la Junta de Gobierno fue la creación de la posición de un project manager (gerente de proyecto) que estaría a cargo de garantizar la ejecución del plan fiscal. Según Alomar Jiménez, esta es una figura que la JCF le está exigiendo a todas las entidades públicas bajo su supervisión directa.
“La JCF requiere que para implementar el plan [la universidad] tenga un grupo de personas o consultores que se dediquen a cabalidad a que se cumpla ese plan. Se entiende que la administración [universitaria] en el day-to-day (día a día) tiene diferentes tipos de [responsabilidades]. Este grupo puede tener personas de administración central, puede tener miembros estudiantiles. Pero siempre tiene que incluir un grupo especializado que se enfoque exclusivamente en la implementación del plan fiscal”, dijo el presidente de la JG a preguntas de este medio.
Por otro lado, el licenciado aclaró que, bajo este plan fiscal, cada uno de los conglomerados tendrá la libertad de adoptar un calendario académico trimestral o mantener el sistema semestral.
