Puerto Rico ha visto en tiempos recientes los rasgos de su vulnerabilidad ambiental.
La sequía entre julio y septiembre de 2015, que afectó a más de 2.8 millones de personas, dejó a 34 municipios en condiciones de sequía extrema, y llevó al racionamiento de agua por tres meses.
El hundimiento del buque El Faro en octubre de ese mismo año, que dejó a la isla sin alimentos importados por dos semanas.
La erosión en Palmas del Mar en Humacao, donde el mar reclama las construcciones que se hicieron en su orilla, un escenario que se repite en otros pueblos costeros.
La conclusión que se deriva de estos eventos es una: el recurso del agua, la capacidad de producir alimentos localmente y la protección contra fenómenos naturales debe ser, como mínimo, prioridad nacional.
Sin embargo, se ha querido hacer ver que la deuda pública de $70 mil millones es, sino la única prioridad, la principal.
Y la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) amenaza con confirmar, precisamente, que el medio ambiente no será una cuestión principal en tiempos venideros.
De acuerdo con el informe Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA, reseñado el lunes por Diálogo, los amplios poderes que otorga la ley federal al ente que crea –la Junta de Control Fiscal (JCF)– permite que el organismo invalide leyes estatales que designan terrenos agrícolas y reservas naturales para proceder con su venta y abonar al pago de la deuda.
Es un asunto que apenas se ha planteado públicamente en el país, toda vez que el impacto del nuevo orden jurídico instaurado por Promesa se ha concentrado en la economía, los servicios de salud, la reducción de jornadas laborales y el recorte millonario al presupuesto de la educación universitaria.
Pero todo apunta a que esa violencia legal contra el medio ambiente será el que más repercusiones tenga, a una escala sin precedentes y con consecuencias irreparables.
“Esto va a la médula de nuestra existencia como pueblo y de la calidad de vida que queremos tener los ciudadanos y ciudadanas aquí en Puerto Rico. Sería fatal pensar que la JCF, a nombre del servicio de la deuda, está dispuesta a disponer de terrenos de alto valor ecológico para hacer un abono que simplemente no se puede pagar de la manera que está”, planteó el abogado en derecho ambiental Luis José Torres Asencio, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIPR).
Con él coincidió la licenciada Ruth Santiago Quiñones, presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, para quien “esta situación trasciende lo ambiental y tiene que ver con nuestra capacidad en el futuro para tener seguridad alimentaria y para poder manejar los bienes en beneficio del interés público más amplio y no de intereses particulares que no reinvierten en nuestra economía”.
“Sería terrible que el país pierda terreno por el error de los que nos metieron en la deuda. La deuda es de dinero. No la podemos pagar en tierras. ¿Cómo vamos a sacrificar la esencia del país para satisfacer unos errores que todavía verdaderamente no se sabe quiénes lo cometieron, ni si fueron legales o ilegales?”, dijo por su parte el científico Ariel Lugo, director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical adscrito al Servicio Forestal de Estados Unidos.
Lugo sostuvo que hay varias discusiones públicas que deben darse antes de tan siquiera ponderar que la JCF ponga en venta activos públicos bajo su jurisdicción, que totalizan unas 339 millas cuadradas –o un 10% de la extensión territorial de Puerto Rico–.
A su juicio, el asunto más apremiante –también el más básico y el que debería servir como freno absoluto a la amenaza de Promesa– es la imposibilidad de asignar un valor monetario a suelos agrícolas, zonas marítimo-terrestres, bosques y reservas naturales frente a los recursos que nos ofrecen, como agua, alimentos y protección.
El atentado de Promesa contra la seguridad alimentaria
Puerto Rico produce un 19% de sus alimentos e importa el restante 81%, indicó Myrna Comas Pagán, exsecretaria del Departamento de Agricultura (DA), basándose en datos de la Oficina de Estadísticas Agrícola para el año fiscal 2013-2014.
Ese 19% podría disminuirse a casi nada si la JCF decide invalidar leyes que protegen reservas agrícolas de la agencia (187,048 cuerdas) o que colocan terrenos agrícolas bajo la titularidad de la Autoridad de Tierras (65,726 cuerdas) para disponer de su venta.
Las reservas agrícolas de la agencia son, a su vez, casi la mitad de los terrenos en uso agrícola en la isla (unas 400,000 cuerdas), de acuerdo con el Censo Agrícola del 2012. Y contrastadas con el Plan de Uso de Terrenos (PUT), son un tercio del total de terrenos identificado como protegidos especialmente agrícolas (637,592 cuerdas).
“Hablar de que Promesa puede enmendar el uso o la tenencia legal de estas tierras generaría un impacto significativo en la seguridad alimentaria del país. Si lo vemos desde la perspectiva de los terrenos que administra la Autoridad de Tierras (65,000 cuerdas), estamos hablando de un impacto de 16% en nuestra capacidad de producción (400,000 cuerdas). Si lo vemos desde la perspectiva de las reservas agrícolas (187,048 cuerdas) estamos cerca del 30% de los terrenos agrícolas protegidos en el PUT (637,592)”, expuso la profesora del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Dicho de otro modo, si la JCF decide ejecutar las facultades que le da Promesa, como asevera el informe del Pinchot Institute for Conservation, Puerto Rico se quedaría sin capacidad de producción local de alimentos. Es decir, sin comida propia.
A esto se le añade el agravante, detalló Comas Pagán, de que el 90% de las reservas (168,343 cuerdas) ubica en los llanos costeros.
Estos podrían formar parte de zonas marítimo-terrestres, donde tradicionalmente se ha dado mucho del desarrollo comercial, industrial y turístico del país, por lo que llamaría la atención de los inversionistas, complementó el doctor Lugo.
Más allá del pago de la deuda pública, “el gobierno tiene que establecer unas prioridades, y dentro de estas, tiene que presentarle a la JCF la seguridad alimentaria del país. Nosotros somos una isla, estamos a 1,300 millas náuticas de distancia de nuestro suplidor principal. Hemos visto el impacto que puede generar el hundimiento de barcos, como pasó con El Faro. Sabemos el riesgo de estar en una zona de huracanes y la amenaza que eso representaría en caso de un desastre”, puntualizó Comas Pagán.
“En otros países pueden decidir qué importan y pueden quitarnos a nosotros alimentos que queramos porque nosotros no tenemos ninguna influencia sobre ello. Peor aún, esos alimentos vienen por barcos, donde los costos de transportación son enormes, y a medida que aumente el costo del petróleo aumentará el costo de los alimentos”, añadió Lugo.
La vitalidad del agua en tiempos venideros
Si, según el doctor Lugo, el pronóstico para la isla es que próximamente ocurrirán sequías más intensas o más frecuentes, la importancia de los bosques y su función como filtro y cisterna de agua se hace más patente que nunca.
“Los bosques públicos se establecieron originalmente no solamente por la madera y la biodiversidad, sino para proteger las cuencas hidrográficas y proveer agua limpia, agua pura, para consumo humano. La mayor parte de estos ubican en áreas bien escabrosas de la isla, en las montañas, y ellos son los que nos están proveyendo ese servicio de tener agua pura”, apuntó Lugo, quien en el 2013 recibió el galardón ‘Héroe del Bosque’ que otorga la Organización de las Naciones Unidas.
“El tema del agua ciertamente es fundamental. Hace poco estuvimos bajo un régimen de sequía bastante extenso. Esa sequía no ha desaparecido. Hay algunos acuíferos –particularmente el Acuífero del Sur– que están bastante comprometidos, y digamos que algunos de los terrenos que podrían estar en juego por Promesa comprometerían aún más la estabilidad o la integridad de sistemas de agua”, como el Caño Tiburones, un terreno de humedales que actualmente se encuentra en medio de un litigio que busca su protección, adujo el licenciado Torres Asencio.
Otro ecosistema relacionado con el recurso del agua son las playas, o más extensamente, las zonas marítimo-terrestres, que también están a la sombra de las disposiciones de la ley federal. Estas –que incluyen en un solo ecosistema dunas, manglares, estuarios, desembocaduras de ríos, bosques costeros y lagunas– son la primera barrera natural contra fenómenos atmosféricos como huracanes y marejadas altas, explicó Lugo.
Por los pasados años, las zonas marítimo-terrestres han estado bajo varias amenazas. Por un lado, el aumento en el nivel del mar por el calentamiento global. Por el otro, la aceleración de la erosión costera por construcciones. A eso se le añade la confusión legal con el término “zona marítimo-terrestre”, de la que se han beneficiado desarrolladores.
Ahora habría que añadir una cuarta amenaza: Promesa.
“Promesa, como viene con un ímpetu económico sin considerar los aspectos ecológicos, sociales y otros de la sociedad puertorriqueña, podría ciegamente comprometer esas áreas de la zona marítimo-terrestre”, teorizó Lugo.
Para la licenciada Santiago Quiñones, ese potencial compromiso es una historia conocida.
“Los terrenos de lo que se conoce como Punta Arenas en Salinas, son privados. Las personas que tienen esos terrenos por mucho tiempo han tratado de construir proyectos en unos terrenos que constituyen una barrera costanera. Es una zona de lagunas de mangle, no apta para construcción. Lo que nos muestra esto es cómo un tenedor privado por lo general no está dispuesto a reconocer el valor ecológico de la área y va a insistir y poner presión para hacer construcciones y alterar las áreas que pueden servir de barreras contra tormentas tropicales y marejadas”, relató.
Un escenario que podría proliferarse con Promesa.
Con Promesa se avecina “un Puerto Rico para otra gente”
Son pocas las garantías para enfrentarse a las disposiciones de la ley federal y a su Título V, que dispone para la revitalización de infraestructura del país mediante los “proyectos críticos”, muchos de los cuales podrían desarrollarse en áreas que actualmente están protegidas legalmente por el Estado. Esos estatutos de protección podrían ser declarados inválidos por la JCF, de acuerdo al Informe Snow.
Lo único del patrimonio público puertorriqueño que queda fuera de la jurisdicción de Promesa son las reservas o terrenos protegidos por leyes o programas federales, como el Bosque Nacional El Yunque y las reservas de vida silvestre en Vieques, Culebra, Cabo Rojo, Desecheo y Laguna Cartagena en Lajas.
Esto, sin considerar los cambios que ocurran a nivel federal, pues el presidente Donald Trump ha propuesto reducir en un 31% el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental, lo que podría redundar una disminución de fondos para sostener estas áreas.
Una posible defensa legal, argumentó Santiago Quiñones, es lo que sucede con la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, entre Guayama y Salinas, cuya titularidad pertenece al Departamento de Recursos Naturales desde el 1981, pero que se nutre de fondos federales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, con los que se han adquirido islitas que forman parte de la reserva.
“Habría que ver cuáles otras áreas naturales protegidas estén en una situación similar o qué particularidades tienen con respecto a lo federal para intentar proteger esas áreas”, sumó la letrada.
Para Torres Asencio, “Promesa y todo el tema de la deuda y que tengamos un gobierno particularmente dispuesto a colaborar tanto con la JCF con el objetivo de pagar esa deuda sin auditar nos coloca en una situación bien difícil, más que cualquier otro frente en lo ambiental, porque estamos hablando precisamente del manejo de la tierra y de los usos que le damos a los recursos naturales”.
“El Puerto Rico que están planificando mediante todas esas medidas es uno que no incluye a la inmensa mayoría de los que hacemos de esta isla nuestro hogar. Es un Puerto Rico para otra gente, un poco una especie de isla resort. O resistimos ese desahucio y lo peleamos hasta que no podamos, o nos vamos. No nos queda de otra”, sentenció.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
