El nuevo orden jurídico instaurado por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) permite que la Junta de Control Fiscal (JCF) declare inválidas leyes estatales que designan reservas naturales y terrenos agrícolas para venderlos con tal de abonar al servicio de una deuda pública, que asciende a $70 mil millones.
Esta poderosa facultad fue discutida por la organización estadounidense Pinchot Institute for Conservation en su análisis Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA, reseñado ayer por Diálogo. La única garantía contra esa violencia legal son los estatutos y reglamentos federales, que protegen un ínfimo porcentaje de terrenos de alto valor ecológico en la isla, como el bosque nacional El Yunque y las reservas de vida silvestre en Vieques, Culebra, Cabo Rojo, Desecheo y Laguna Cartagena en Lajas.
Pero quizás no hace falta la imposición de una ley federal para que la promesa sea una realidad.
El Corredor Ecológico de San Juan y Punta Las Pardas en la bahía de Guánica son dos precedentes recientes –y vigentes– de lo que podría suceder más temprano que tarde, cuando la JCF decida liquidar activos públicos.
La venta de terrenos públicos “ya lleva un tiempo”
Aunque desde el 2003 el Corredor Ecológico de San Juan es una reserva natural –la máxima protección que reconoce el ordenamiento jurídico puertorriqueño a los terrenos y recursos naturales– eso no ha eximido a la Administración de Terrenos y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de intentar vender parcelas que componen parte de las cerca del 1,000 cuerdas que integran esa área.
Desde la semana pasada, miembros de la Alianza Pro Corredor Ecológico de San Juan se organizan para denunciar la ilegalidad de la puesta en venta por el BGF del “antiguo lugar de práctica de golf”, un terreno ubicado en la marginal entre la PR-181 y la PR-846 en Trujillo Alto y que pertenece a la reserva natural.
“Nosotros hicimos el análisis y encontramos que sí estaba dentro del corredor. Son tres parcelas en una, que están listadas en la Ley 206-2003 [que designa la reserva]”, apuntó Gustavo García, profesor de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico e integrante del colectivo.
El ingreso producto de la venta de activos del BGF pasará a una cuenta de repago a los bonistas de esa entidad, reportó El Nuevo Día. La puesta en venta de ese terreno trujillano, empero, es ilegal. “La ley prohíbe explícitamente la enajenación de esos terrenos para otros fines que no sean lo dispuesto en su texto [su conservación]”, agregó García.
Al momento de la publicación de este reportaje, una petición de información al BGF para que aclarara la situación del terreno no fue respondida. Posteriormente, el oficial de prensa de la agencia, Elliot Rivera, indicó que este no está en venta y que se incluyó en la lista “por error”.
No obstante, señaló García, no es la primera vez que el Corredor Ecológico de San Juan se encuentra en esa posición. En marzo de 2015, la Administración de Terrenos –alegando que la ley 206-2003 no le aplicaba por ser una corporación pública– intentó vender vía subasta el Arboretum de Cupey, que se integró al corredor en el 2004.
Tras una intervención de ciudadanos y de la Alianza Pro Corredor Ecológico de San Juan, el DRNA accedió a comprar esos terrenos como mandata el estatuto, “y entendemos que lo hicieron, aunque nunca hemos visto la evidencia de que en efecto los compraron”, expuso el profesor.
“No hay una explicación de ninguna parte de por qué se colocan en venta. El gobierno no nos está explicando nada de esto”, agregó. La única razón, supuso, sería para pagarle a los bonistas o para financiar servicios.
El dilema con el Corredor Ecológico de San Juan resulta más interesante a la luz de Promesa si se considera que en este caso no hay un mandato de la JCF para disponer de estos terrenos, sino más bien, una acción de una entidad gubernamental insolvente.
“Lo que está haciendo el gobierno, a mi parecer, es que ya se está ajustando a Promesa, en vez de esperar a que les aplique. Se está usando a Promesa como excusa para desmantelar leyes, como el Plan de Usos de Terrenos [PUT]. Ellos [la Legislatura], no tienen por qué enmendarlo, pero van a hacerlo”, sostuvo García.
Entre la revisión de las demarcaciones territoriales en el PUT y la facultad de la JCF para invalidar leyes estatales que designan reservas naturales, nuestros terrenos públicos y recursos naturales quedan cada vez más desprotegidos. A esto se suma el paulatino recorte presupuestario a las principales agencias que velan por los recursos naturales del país.
La flexibilidad de permisos “está proliferando como un cáncer”
El caso de Punta Las Pardas, en Guánica, es más extremo por varias razones. Primero, porque deja en evidencia las consecuencias irreparables del desarrollo de un terreno público de alto valor ecológico en manos privadas.
Segundo, porque muestra cómo no es necesario que la JCF declare inválidas leyes ambientales, de planificación y de permisos cuando esa normativa ya está siendo ignorada localmente tanto por agencias como por desarrolladores, sin que estos sean fiscalizados o enjuiciados.
Y tercero, porque sería precisamente el escenario a repetirse próximamente en las costas, bosques y terrenos agrícolas del país con el aval de la JCF y la legitimidad de la ley federal.
“Esto está proliferando como un cáncer. Te dan un permiso de remoción de corteza terrestre y terminan eliminando el bosque completo”, soltó el biólogo Miguel Canals, quien trabajó por más de 30 años en el Bosque Estatal de Guánica.
Canals lidera la oposición al desarrollo del complejo turístico Dreams Puerto Rico Resort & Spa en Punta Las Pardas, impulsado por Guánica Village Partners LCC y EBP Design Group Consulting Engineers PSC, que data del 2001 y que estuvo paralizado entre el 2008 y el 2015.
El terreno, cercano a la bahía de Guánica, colinda con el Bosque Seco, y desde el 1972 está en planes de integrase al bosque estatal para su protección. Las cerca de 1,000 cuerdas que lo componen pertenecen a la Administración de Terrenos, por lo que su titularidad es pública.
Y precisamente la titularidad es uno de los asuntos que permanecen sin aclarar.
“Es un secreto. Inicialmente se dijo que se habían vendido a $500 la cuerda. Después lo desmintieron y dijeron que lo iban a alquilar a perpetuidad por $5,000 al año. No se sabe cómo [los desarrolladores] llegan a esos terrenos, qué título de pertenencia tienen para que ellos puedan realizar acciones como si el terreno fuera de ellos”, denunció Canals.
El asunto se complica toda vez que Punta Las Pardas queda justo en medio del bosque estatal, por lo que toda construcción impacta el ecosistema circundante. Eso fue precisamente lo que ocurrió en octubre de 2016, cuando los desarrolladores entraron maquinaria al Bosque Seco, destruyendo sobre 100,000 árboles.
“Con la excusa de hacer unos estudios geológicos, metieron la maquinaria, los destruyeron. Yo hago la querella y DRNA detiene la acción pues no había ningún permiso de remoción de corteza terrestre. Luego bajan el número a 11,000 porque hay un ‘loop hole’ en la ley, donde si el árbol no mide más de tres pies no se considera árbol. Pero en el caso del Bosque Seco esto no debería aplicar porque es un bosque de vegetación enana. Los árboles aquí no crecen más de uno o dos pies”, detalló Canals.
En enero de 2017, Guánica Village Partners LCC solicitó al DRNA permiso para abrir caminos y pruebas de suelo, después de la intervención ilícita en octubre. Este fue concedido en febrero pasado, aun cuando la división legal de la agencia no ha resuelto la querella.
A principios de marzo, informó el medio regional La Perla del Sur, los desarrolladores volvieron a entrar maquinaria en el Bosque Seco, removiendo corteza terrestre y vegetación en una zona de planificación especial. La operación abarcó sobre 30 cuerdas.
Debe señalarse que la intervención fue autorizada por el secretario auxiliar de la Secretaría de Permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Moisés Sánchez Loperena, amparándose en una consulta de ubicación de la Junta de Planificación aprobada en el 2001, pero cuya validez se limitaba a cuatro años.
“Esto es una ilegalidad. En mi vida, en los 48 años que trabajé con el DRNA, incluyendo 32 en el Bosque Estatal de Guánica, había visto esto”, lamentó Canals.
El biólogo criticó que los inversionistas hayan ofrecido desarrollar una zona de amortiguamiento alrededor del proyecto, pues “sería la privatización del bosque”.
A juicio de Canals, la compleja situación que rodea a Punta Las Pardas se proyecta como el mejor aviso de lo que podrá hacer la JCF valiéndose de las disposiciones de Promesa con los terrenos públicos de alto valor ecológico.
En Guánica, explicó, el 30% de los terrenos del bosque –declarado Reserva Internacional de la Bisofera en 1981 por la Organización de las Naciones Unidas–, pertenece a la Autoridad de Tierras. El DRNA, por derecho de usufructo, lo administra.
“Nada impediría a Promesa declarar inválidas las leyes estatales que protegen el bosque, y quedarnos sin la posibilidad de que alguien responda por la destrucción ambiental”, sentenció.
Este reportaje forma parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
