Por: Thalif Deen
Mientras crece el coro de voces a favor de la despenalización de las drogas, un nuevo estudio concluye que el consumo mundial de drogas ilícitas no tuvo un descenso significativo desde que la ONU adoptó tres convenciones clave en la materia, la primera de las cuales entró en vigor hace más de 50 años.
“Las drogas ilícitas son ahora más puras, más baratas y más consumidas que nunca”, según el informe, titulado Bajas de guerra: cómo la guerra contra las drogas daña a los más pobres del planeta, publicado el jueves 26 por la organización británica Health Poverty Action, con sede en Londres.
El estudio también incluye una encuesta de opinión que concluye que más 80 por ciento de los británicos creen que la guerra contra las drogas no se puede ganar, y que más de la mitad están a favor de la legalización o despenalización de al menos algunas drogas ilícitas.
Entre los tratados internacionales vigentes contra el narcotráfico se encuentra la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988.
Pero en las últimas décadas varios países despenalizaron algunas drogas, de forma total o parcial, o aprobaron leyes permisivas sobre las mismas, incluido el uso medicinal de la marihuana.
Entre esos países el informe recoge a Belice, Chile, Colombia, España, Holanda, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay, además del territorio de Puerto Rico y algunos estados de Estados Unidos.
Según el informe, los gobiernos de México, Colombia y Guatemala pretenden que se realice un debate abierto, basado en las evidencias, sobre la reforma de la política de drogas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) no solo comparten este punto de vista, sino que abogaron por la despenalización del consumo de drogas”, añade.
“El problema es que la ONU está haciendo demasiado de las cosas malas, y no lo suficiente de las correctas”, respondió Catherine Martin, de Health Poverty Action, cuando IPS le preguntó si el foro mundial hacía lo suficiente para combatir las drogas.
Se calcula que cada año se gastan 100.000 millones de dólares en todo el mundo para aplicar las leyes contra las drogas, impulsadas por las convenciones de la ONU, destacó.
“Sin embargo, este enfoque no redujo el consumo de drogas ni logró controlar el narcotráfico ilícito. En cambio, mantiene rentables a las drogas y poderosos a los cárteles, alimenta la corrupción, fomenta los conflictos violentos y la violación de los derechos humanos, y castiga de manera desproporcionada a los pequeños productores y a los consumidores”, explicó Martín.
El informe señala que las organizaciones británicas que promueven el desarrollo mantienen silencio sobre este asunto, a diferencia de sus contrapartes del Sur en desarrollo, quienes reclaman reformas al respecto, junto con el magnate Richard Branson, presidentes en ejercicio y exmandatarios, economistas ganadores del Premio Nobel y el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Health Poverty Action insta al sector de desarrollo británico que exija medidas a favor de los pobres, a medida que los países se preparan para la sesión especial sobre drogas que celebrará la Asamblea General de la ONU en 2016.
El informe sostiene que muchos pequeños agricultores del Sur en desarrollo cultivan y venden drogas porque estas son su única fuente de ingresos.
Las políticas punitivas penalizan a los agricultores que no tienen acceso a la tierra, los recursos y la infraestructura suficientes que necesitarían para poder vivir de otros cultivos, afirma la organización.
Los cultivos alternativos o los programas de desarrollo no suelen prosperar porque responden a inquietudes en materia de seguridad e ignoran las necesidades de las comunidades pobres, según el informe.
La militarización de la guerra contra las drogas se utilizó para justificar el asesinato, el encarcelamiento masivo y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, asegura la organización.
El informe sostiene que la penalización no reduce el consumo, sino que propaga enfermedades, disuade a la gente de buscar tratamiento médico y conduce a políticas que excluyen a millones de personas del alivio del dolor.
Menos de ocho por ciento de los consumidores de drogas participan en algún programa de jeringas limpias o a la terapia de sustitución de opiáceos, y menos de cuatro por ciento de las personas que viven con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) tienen acceso al tratamiento.
En África occidental, las personas con cáncer o sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) padecen una grave restricción en el acceso a los medicamentos para aliviar el dolor, con el posible y temido desvío a los mercados ilícitos, según el estudio.
El 90 por ciento de los pacientes de sida y la mitad de la población mundial con cáncer vive en países de bajos y medianos ingresos, pero estos solo consumen seis por ciento de la morfina utilizada para controlar el dolor.
Health Poverty Action declara que la guerra contra las drogas penaliza a los pobres, de los cuales las mujeres son las más afectadas, mediante el encarcelamiento desproporcionado y la pérdida de medios de subsistencia.
La erradicación de los cultivos de drogas destruye el medio ambiente y obliga a los productores a la clandestinidad, a menudo en zonas de ecosistemas frágiles, indica.
La ONU debe dedicarse a promover políticas favorables a los pobres, basadas en la evidencia, que traten a las drogas ilícitas como un problema de salud y no como un asunto de seguridad, recomendó Martin.
Estas políticas deben proteger los derechos humanos y acabar con el daño que las políticas actuales les hacen a los pobres y marginados, dijo.
“La reforma de la política de drogas debe apoyar y financiar las medidas de reducción de daños, y garantizar el acceso a los medicamentos esenciales para los 5.000 millones de personas en todo el mundo que viven en países donde leyes demasiado estrictas… limitan el acceso a medicamentos para el dolor”, exhortó Martin.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
