A simple vista, parecería que el plan fiscal revisado del gobierno central publicado ayer solo reduce en $221 millones la asignación presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al 2022.
Pero un ojo avizor encontraría que el recorte en realidad es de $423 millones, toda vez que durante este año fiscal –para el que el documento enmendado, en teoría, no incluye ajuste– la UPR opera con $202 millones menos, restados bajo la vigencia del plan fiscal anterior.
La cantidad de $423 millones que la universidad dejaría de recibir de forma escalonada entre el 2018 y el 2022 está en sintonía con aquella del plan fiscal anterior del gobierno central, que pretendía una disminución de $450 millones para el 2021. Dicha cifra, de hecho, hubiera alcanzado los $512 millones para el 2026, según proyecciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
En aquella ocasión, no obstante, el plan fiscal estaba contemplado a diez años, mientras que el presentado ayer abarca cinco años. Es decir, que otro plan fiscal posterior podría incluir más recortes presupuestarios al centro docente.
Aquí el contexto: entre el 2014 y el 2017, la universidad operó con un presupuesto fijo de $833 millones provenientes del Fondo General. El año pasado, la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó el presupuesto para el 2018, que incluía un recorte de $202 millones sobre dicha fuente de ingresos de la UPR. De ahí la cifra base de $631 millones para el presente año fiscal, sobre la que se restaría $221 millones entre el 2019 y el 2022. En ese último año, la asignación presupuestaria de la institución sería $410 millones.
“El plan fiscal revisado puede ser engañoso en el sentido de que no considera el recorte de $202 millones que ya se le hizo este año fiscal a la UPR”, resumió el economista José Caraballo Cueto.
A su juicio, el documento es más dañino para la institución porque acorta la proyección de la Aafaf de lograr un recorte de $512 millones al 2026, pues la reducción de $423 millones al 2022 representa el 83% de la anterior propuesta, pero ejecutada en cinco años.
Implicaciones
“No hay forma de llegar a un recorte de esta magnitud [$423 millones] si no es a través de despido de personal, reducción de beneficios y aumento de matrícula en los próximos años. Probablemente sea una combinación de las tres opciones”, teorizó Caraballo Cueto, profesor de la UPR en Cayey.
El también economista y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez José Alameda planteó la misma problemática: alcanzar tal cifra tendría un efecto “brutal” en la población estudiantil. “Posiblemente haya un aumento de matrícula. Además, no hay manera de reducir tanto el gasto y mantener la calidad de la educación”, dijo.
“Si cierras el RUM más ocho unidades pequeñas, sin transferir sobre 39,000 estudiantes y personal, no llegas” a los $423 millones, esbozó Caraballo Cueto.
Reducir la asignación presupuestaria de la universidad estatal incide, agregó, en la capacidad de Puerto Rico para aumentar los niveles de escolarización y promover el acceso a la educación.
“Si reduzco los subsidios a la UPR, esta vería reducido el número de estudiantes que podría atender, y si la UPR es la que tiene la tasa de graduación más alta, pues lo que hago es reducir el número de graduandos en Puerto Rico”, planteó.
Aparte del ajuste presupuestario propuesto, el plan fiscal revisado del gobierno central prevé que la UPR recibirá una asignación de $40 millones para mejoras de infraestructura cada uno de los próximos cinco años ($200 millones en el agregado), pero estos no entrarían en las arcas universitarias per se.
A diferencia del gobierno central, la UPR no ha tenido un plan fiscal certificado por la JCF. La institución deberá entregar el documento el 9 de marzo.
